La Fiscalía detectó tres principales limitantes para la libre competencia: problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes para los postulantes y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.
El análisis abarcó a las 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país, identificando limitaciones que afectan la libre competencia y la toma de decisiones de los estudiantes.
De acuerdo con el organismo, existen tres principales obstáculos: problemas en las decisiones de los postulantes, fallas en la divulgación de información relevante y barreras regulatorias que restringen la competencia entre instituciones. Según la FNE, estos factores impiden que la elección de carrera garantice necesariamente una mejor inserción laboral o mayores ingresos futuros.
«Los datos que estamos dando a conocer confirman que la decisión de abordar el mercado de la Educación Superior fue acertada, porque hoy estamos presentando recomendaciones concretas para los problemas que detectamos en este sector que es tan sensible para el desarrollo competitivo del país», afirmó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Uno de los principales hallazgos del estudio es que el 35% de las carreras actualmente ofrecidas en el país presenta un retorno económico negativo, y que la proporción de estudiantes que opta por estos programas ha aumentado, alcanzando cerca del 40% en 2023.
El diagnóstico también advirtió una desalineación entre los estudios y las ocupaciones laborales, ya que dos de cada cinco personas declaran que su trabajo se relaciona poco o nada con sus estudios, mientras que una de cada dos indica estar sobrecalificada.
«En particular, se constató que las instituciones que más cobran en relación con sus costos no son las que entregan los mejores servicios educacionales». FNE.
La FNE detectó además importantes diferencias en la calidad de la educación entre instituciones, tanto entre los subsistemas universitario y técnico profesional como dentro de ellos. «En particular, se constató que las instituciones que más cobran en relación con sus costos no son las que entregan los mejores servicios educacionales«, señaló el informe.
«En este estudio identificamos tres frentes de avance para impulsar una mayor competencia entre las instituciones de educación superior en beneficio de los estudiantes, y de las familias y el Estado que financian los estudios», explicó Grunberg.
Brechas de género en los retornos económicos
El informe también aborda diferencias significativas en la rentabilidad de las carreras según género. La FNE constató que las mujeres tienden a elegir programas con menores retornos económicos que los hombres. Según el estudio, para estos últimos el retorno promedio es un 8,5% superior.
Al ponderar los retornos por el número de estudiantes matriculados, las diferencias se amplían. «Siguiendo ese enfoque, el retorno promedio de las carreras que estudian los hombres resulta aproximadamente 4,5 veces mayor que el de las mujeres», se indicó.
El organismo concluyó que los hombres se concentran en programas con mayores retornos económicos, mientras que las mujeres se agrupan en carreras menos rentables. Estas diferencias, sostiene la FNE, podrían explicar parte de las brechas salariales observadas en el mercado laboral chileno.
Información insuficiente y decisiones mal orientadas
La Fiscalía advirtió que los postulantes enfrentan una oferta de información incompleta o poco útil para tomar decisiones informadas. Las instituciones, según el estudio, no entregan los elementos necesarios para que los estudiantes evalúen aspectos económicos relevantes, como la empleabilidad, los ingresos o las tasas de deserción.
El informe reveló que los jóvenes toman decisiones poco preparadas y con escaso uso de herramientas disponibles. «Pese a las complejidades que involucra optar por una carrera, esta decisión se prepara poco, haciendo un uso limitado de las herramientas informativas disponibles», señaló el documento.
Estas deficiencias afectan el funcionamiento competitivo del sistema, pues reducen los incentivos de las instituciones para mejorar en dimensiones que realmente importan a los estudiantes, como la empleabilidad o el retorno económico de las carreras.
Barreras regulatorias y concentración institucional
La FNE también identificó rigideces normativas que obstaculizan la competencia, especialmente en universidades estatales, cuya gestión se encuentra limitada por marcos administrativos poco flexibles.
Además, el estudio recomienda revisar el mecanismo de asignación del Aporte Fiscal Directo (AFD), que actualmente se distribuye con criterios históricos, sin considerar indicadores objetivos de desempeño o equidad.
Otra barrera detectada se relaciona con la excesiva fragmentación de la oferta académica. Las instituciones ofrecen más de 5.000 programas de pregrado, muchos de los cuales son similares en contenidos y habilidades, pero se presentan bajo nombres distintos. Según la FNE, esto «dificulta innecesariamente la elección de una carrera» y confunde a los postulantes.
Nueve recomendaciones para mejorar la competencia
Con el objetivo de corregir las deficiencias detectadas, la FNE formuló nueve recomendaciones orientadas a fortalecer la información disponible, mejorar la orientación vocacional y revisar las regulaciones que restringen la competencia.
«Estamos haciendo recomendaciones para este sector porque hay evidencia clara sobre el impacto que puede tener la educación superior en el desarrollo de las personas si es que la elección de la carrera está bien enfocada. Este es un tema de política pública de primer orden que permitirá impulsar la movilidad social«, agregó Grunberg.
Entre las propuestas vinculadas a la toma de decisiones, la Fiscalía sugiere reforzar la orientación vocacional durante toda la enseñanza media, capacitar a los docentes en el uso de herramientas informativas y crear un sistema personalizado que combine test vocacional y datos sobre empleabilidad, ingresos, aranceles, duración y tasas de deserción.
En materia de información, recomienda implementar una plataforma digital centralizada sobre la base de Mifuturo.cl, que permita comparar programas de manera ágil, establecer un hito informativo obligatorio antes de la postulación y mejorar la transparencia en indicadores clave, incluyendo la satisfacción estudiantil y el valor económico agregado de los programas.
Respecto a las barreras regulatorias, plantea perfeccionar el tratamiento de derecho público diferenciado para universidades estatales, actualizar las definiciones legales sobre títulos y grados, facilitar la movilidad estudiantil y reemplazar el actual esquema de asignación del AFD por criterios objetivos de distribución.
Impacto económico de las medidas
La FNE estimó que si sus recomendaciones lograran reducir en 10% la deserción estudiantil y en igual proporción la cantidad de alumnos que elige carreras con retorno negativo, los beneficios para las familias y el Estado alcanzarían los US$852 millones por año, equivalentes al 13% de los ingresos anuales del sistema de educación superior.
El sector movió en 2023 ingresos por cerca de US$6.800 millones, con una matrícula total de 1.277.000 estudiantes. Del total, el 55% cursa estudios en universidades, el 33% en institutos profesionales y el 12% en centros de formación técnica. Los aranceles promedio alcanzan los $4,2 millones anuales en las universidades y $2,4 millones en los institutos y CFT.
Equipo Prensa
Portal Educa
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