La eventual eliminación de la franquicia tributaria SENCE marcaría un punto de inflexión en la política de capacitación laboral en Chile. Durante décadas, este instrumento ha permitido que miles de trabajadores/as, especialmente de sectores vulnerables y en búsqueda de empleo, accedan a programas de formación. Sin embargo, también ha sido objeto de abusos y distorsiones: cursos de baja pertinencia, registros falsos de asistencia y beneficios concentrados en grandes empresas, dejando a micro y pequeñas prácticamente al margen.
El contexto actual exige un cambio profundo. La tasa de desempleo nacional alcanzó un 8,9% en el primer trimestre de 2026, con una informalidad laboral que afecta al 26,5% de los ocupados. Al mismo tiempo, el crecimiento económico proyectado por el Fondo Monetario Internacional para este año apenas llega al 2,2%, reflejando un escenario de bajo dinamismo productivo. En este marco, la capacitación laboral no puede seguir siendo un gasto tributario regresivo, sino una política estratégica para la empleabilidad y la movilidad social.
Un nuevo modelo debe ser más selectivo y robusto. Los cursos deben cumplir altos estándares de calidad, con modalidades presenciales y virtuales intensivas en tecnologías que permitan controlar asistencia y evaluar contenidos. La pertinencia debe ser revisada de manera frecuente por expertos de la academia, empresas y trabajadores, garantizando que la oferta responda a las necesidades reales del mercado laboral.
La evaluación de la capacitación también debe evolucionar. No basta medir satisfacción o aprendizaje inmediato; es necesario invertir en modelos que determinen cuánto de lo aprendido se transfiere efectivamente al puesto de trabajo, si mejora la movilidad laboral o si facilita el acceso a un empleo. Solo así se podrá justificar la inversión pública y privada en formación.
Además, dada la diversidad de nuestra matriz productiva, es indispensable diseñar instrumentos sectorizados. La minería, por ejemplo, requiere programas intensivos que financien la capacitación en equipos tecnológicos de alto costo y certifiquen competencias con estándares internacionales. Otros sectores, como servicios o agroindustria, demandan soluciones adaptadas a sus realidades de productividad e ingreso.
La eliminación de la franquicia SENCE no debe entenderse como un retroceso, sino como una oportunidad histórica para construir un sistema de capacitación laboral más justo, eficiente y con impacto real en la empleabilidad. Pero este nuevo modelo solo será sostenible si se apoya en una institucionalidad calificada, técnica y estandarizada, más allá de vaivenes políticos. En esta lógica, el SENCE, las universidades, los OTEC y los OTIC cumplen un rol fundamental: ejecutar, fiscalizar y garantizar que la capacitación laboral en Chile se convierta en un verdadero motor de desarrollo productivo y movilidad social.
Equipo Prensa
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