Agosto es el mes de la Educación Técnico Profesional, ello nos provee de la posibilidad de reflexionar acerca de la relevancia de su desarrollo y fortalecimiento institucional, discusión que no está ajena de buscar condiciones de vida que impulsen la justicia social como un valor esencial para quienes se forman y trabajan en dichas instituciones de educación superior.
En la actualidad surge como un desafío fundamental avanzar y poner en marcha de manera decidida la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la de género en el ámbito de la educación superior, plazo que se cumple en septiembre de 2022. En base a este desafío es que se busca promover políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, con el gran propósito de proveer en todos los estamentos de espacios seguros y libres de violencia, impulsando el trato igualitario, basado en el respeto y la no discriminación.
La aplicación de esta ley, más allá de ser una obligación, abre múltiples oportunidades para abordarlo de manera conjunta entre los distintos actores de la comunidad educativa, propiciando por defecto espacios que provocarán conversaciones y acciones que sin lugar a dudas enriquecerán las miradas sobre las cuales actúa nuestra sociedad en la actualidad.
Quienes estamos liderando la aplicación de la ley tenemos una misión fundamental en dar estos primeros pasos, puesto que para desarrollar la metodología es necesario abordar este ámbito con el sentido de urgencia que se requiere. En la actualidad la ley viene a tensionar justamente a la ETP, para que así abordemos con fuerza esta preocupación social que hemos tenido en nuestras agendas desde hace ya varios años.
La Educación TP debe incorporar el enfoque de género en la formación de profesionales del futuro, camino que no estará exento de dificultades, sin embargo, ya hemos avanzado al participar en la Comisión de Género y Diversidades de la División Técnico Profesional del Ministerio de Educación, espacio en el que se busca ayudar a la implementación de esta ley y que exista particularmente una colaboración entre dichas instituciones, por el rol público que tienen en la educación de nuevos profesionales y técnicos, para así otorgarles condiciones y espacios seguros para estudiantes del presente y del futuro.
Por todo lo anterior, tomamos la responsabilidad sobre el gran desafío que esto implica, con la convicción de su relevancia para la ETP y quienes conforman la comunidad estudiantil, y por su intermedio, en los diversos espacios en que participen en el futuro todas y todos quienes pasen por nuestras aulas, al contar con un enfoque de género en todas las dimensiones de sus vidas. En consecuencia, serán quienes lograrán que esta visión se instale de manera transversal y permanente para el Chile que deseamos para las futuras generaciones.
Equipo Prensa
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