Durante décadas, las ferias libres han sido mucho más que espacios de intercambio comercial: constituyen redes de sustento, identidad y cohesión social para miles de familias en Chile. En estos entornos, donde se distribuye cerca del 70% de frutas, verduras y otros productos, se articula una economía de proximidad que combina precios accesibles, empleo y vida comunitaria.
Sin embargo, este escenario está experimentando una transformación significativa. La publicación de la Ley N° 21.745, en mayo de 2025, introduce un régimen tributario especial que busca facilitar la formalización de los feriantes mediante herramientas digitales. Entre sus principales innovaciones, se encuentra la posibilidad de emitir boletas electrónicas y declarar ingresos bajo un sistema simplificado, reduciendo considerablemente la carga administrativa que históricamente ha dificultado la integración de este sector al sistema formal.
La normativa establece condiciones claras: la actividad debe ser ejercida por personas naturales, con patente municipal vigente y dentro de espacios públicos autorizados. Además, los feriantes deberán inscribirse en el Registro de Contribuyentes de Ferias Libres del Servicio de Impuestos Internos, proceso que se proyecta para el primer semestre de 2026.
Uno de los aspectos más relevantes es la simplificación del cumplimiento tributario. Los feriantes quedarán liberados de presentar declaraciones mensuales de IVA y de llevar contabilidad formal, ya que serán los operadores de medios de pago electrónicos quienes retendrán y declararán automáticamente el impuesto, aplicando una tasa preferencial del 1,5% sobre las ventas electrónicas.
Este avance representa una oportunidad concreta para reconocer el valor económico y social de las ferias libres, integrándolas progresivamente a la economía formal. No obstante, su implementación plantea desafíos relevantes. La digitalización, aunque eficiente, también puede profundizar brechas si no va acompañada de capacitación, acceso a tecnología y apoyo técnico permanente.
En este contexto, la modernización del sistema tributario chileno —marcada por herramientas digitales como el SII en línea o la facturación electrónica— evidencia una tensión entre eficiencia y equidad. La brecha digital se configura como una nueva forma de desigualdad, especialmente para micro y pequeños contribuyentes que enfrentan dificultades para adaptarse a estos entornos.
Por ello, el desafío no es solo tecnológico, sino también cultural. Avanzar hacia un sistema tributario inclusivo implica fortalecer la educación fiscal, promover la comprensión del rol de los impuestos y generar confianza en la gestión de los recursos públicos. La tributación no debe percibirse únicamente como una carga, sino como un mecanismo que sostiene derechos, servicios y bienestar colectivo.
En definitiva, la incorporación de las ferias libres al sistema tributario digital abre una oportunidad para construir un modelo más justo y equilibrado. Pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado y de las instituciones para acompañar este proceso con sensibilidad social, educación y herramientas adecuadas. Solo así la modernización tributaria podrá ser, efectivamente, un camino de inclusión y no una nueva barrera para quienes históricamente han sostenido la economía local.
Equipo Prensa
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