Chile debe defender su capacidad de recaudar donde se discuten las reglas tributarias internacionales. Por eso, retirarse de las negociaciones de cooperación tributaria de la ONU exige demostrar un beneficio concreto para el país. La decisión debe sostenerse en una evaluación pública de sus costos y alternativas.
Negociar permite influir, objetar y proponer. No obliga a aceptar el acuerdo final. Abandonar la mesa reduce esas opciones antes de conocer el resultado. Hacienda debe explicar qué riesgo evita con el retiro y por qué no podía abordarlo mediante una participación crítica.
La discusión tiene una dimensión económica relevante. La OCDE estima que la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios generan pérdidas anuales de entre US$100.000 millones y US$240.000 millones en el mundo, equivalentes a entre 4% y 10% de la recaudación global por impuesto corporativo.
Ese monto corresponde al problema internacional. No es una estimación del perjuicio para Chile ni del costo de esta decisión. Afirmar una pérdida específica sin respaldo debilitaría la crítica. Sin embargo, la falta de una cifra tampoco prueba que salir sea gratis.
El costo más inmediato es renunciar a oportunidades de influencia: presentar propuestas, formar alianzas y disputar disposiciones que puedan afectar nuestros intereses. La soberanía tributaria requiere capacidad para defender la base imponible nacional frente a operaciones que cruzan fronteras.
Existe también un costo fiscal potencial: desaprovechar acuerdos que pudieran mejorar la tributación de actividades económicas vinculadas con Chile. Su magnitud dependerá del contenido, de los países participantes y de la implementación. Debe evaluarse como escenario, sin prometer ingresos ni inventar pérdidas.
Para las empresas, la certeza jurídica importa. Si Hacienda advierte duplicidades con la OCDE o mayores cargas de cumplimiento, debe precisar cuáles. Esas objeciones merecen una respuesta técnica y propuestas de compatibilidad. Retirarse no garantiza que desaparezcan los problemas ni que las futuras reglas carezcan de efectos sobre nuestros socios.
Participar también consume recursos: especialistas, representación y coordinación. Corresponde transparentarlos. Pero comparar únicamente esos gastos omite el valor de intervenir antes de que se consoliden los acuerdos.
La salida constructiva exige una evaluación pública que detalle el ahorro esperado, los riesgos identificados y los mecanismos alternativos para proteger la recaudación. También debe explicar bajo qué condiciones Chile reconsideraría su participación.
Un gobierno que exige eficiencia al gasto debe aplicar el mismo rigor a sus decisiones internacionales. La responsabilidad fiscal incluye proteger los ingresos futuros. Hacienda debe demostrar que retirarse mejora esa protección.
Equipo Prensa
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