El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación emitió el 25 de mayo de 2026 una respuesta formal que despeja la principal zona de incertidumbre generada por el artículo 44 de la Ley N° 21.796 (Ley de Presupuestos 2026): los beneficios remuneracionales que opera por el ingreso a Carrera Docente no opera a nivel de establecimiento educacional, sino docente por docente.
La respuesta fue obtenida a partir de un requerimiento formal presentado ante la autoridad por el Área Técnica de Numerus, empresa de tecnología educativa especializada en software de administración y asesoría consultiva para establecimientos particulares subvencionados de Chile.
Aunque la precisión puede parecer técnica, sus implicancias financieras y operativas son de gran magnitud para los más de cuatro mil establecimientos particulares subvencionados del país que aún no han ingresado voluntariamente al Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD), creado por la Ley N.º 20.903.
El calendario que cambió en diciembre de 2025
La Ley N° 20.903, promulgada en 2016, estableció que los establecimientos particulares subvencionados dispondrían de un período de ingreso voluntario al SDPD entre 2017 y 2025. Quienes no lo hicieran voluntariamente, ingresarían de manera obligatoria a partir de julio de 2026, ajustando la totalidad de sus dotaciones al nuevo sistema de tramos profesionales.
Sin embargo, el 12 de diciembre de 2025, la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2026 (Ley N° 21.796) fue publicada con un artículo 44 que modificó sustancialmente ese cronograma. La norma postergó el ingreso obligatorio al SDPD desde julio de 2026 a julio de 2027 para la gran mayoría de los docentes de establecimientos que aún no habían ingresado voluntariamente, por razones presupuestarias del Estado.
No obstante, el mismo artículo 44 estableció una excepción de aplicación inmediata: quedan fuera de la postergación —es decir, sí cambian su estructura remuneracional en julio de 2026— aquellos profesionales de la educación que hayan rendido los instrumentos de evaluación docente contemplados en el artículo 19K del DFL N° 1 de 1996 (Portafolio y/o ECEP) durante el proceso del año 2025, y que sean reconocidos en la Resolución de asignación de tramos que establece el artículo 19Q del mismo cuerpo legal, a publicarse en julio de 2026.
La pregunta crítica que los sostenedores necesitaban responder
La excepción generó de inmediato una duda de alto impacto para los sostenedores de colegios: si un establecimiento tiene algunos docentes que rindieron evaluación en 2025, ¿obliga eso a que toda la dotación ingrese al régimen de Carrera Docente en julio de 2026? La respuesta condiciona completamente la planificación presupuestaria y la gestión de remuneraciones del segundo semestre.
Numerus Consultoría insistió ante el CPEIP en obtener un pronunciamiento formal sobre este punto. El resultado llegó el 25 de mayo de 2026 en comunicación directa desde la Unidad Trayectoria Profesional Docente del CPEIP.
«El cambio más importante que trae esta interpretación es que el ingreso a Carrera Docente se define por docente y no por colegio. Muchos sostenedores llevaban meses preparando una transición completa de su dotación para julio, cuando en realidad la norma establece que solo deben ingresar al nuevo régimen en esa fecha quienes rindieron evaluación en 2025. El resto espera hasta julio de 2027.»
— Rubén Valencia, Director del Área Técnica de Numerus Consultoría.
El CPEIP fue categórico: el ingreso ópera caso a caso
La autoridad fue directa en su pronunciamiento. El CPEIP confirmó que el artículo 44 pospone el ingreso obligatorio a Carrera Docente hasta julio de 2027 para todos los docentes, excepto para quienes se evaluaron en 2025. En consecuencia, desde julio de 2026 puede coexistir en un mismo establecimiento una estructura remuneracional para los docentes evaluados ese año — bajo el régimen de Carrera Docente— y una estructura distinta para quienes no se evaluaron — bajo el sistema remuneracional vigente hasta la fecha—.
Esta interpretación encuentra respaldo en tres fuentes convergentes. En primer lugar, en la literalidad del artículo 44, que distingue expresamente dos categorías de profesionales según su situación individual frente al proceso de evaluación docente, sin referencia al establecimiento al que pertenecen. En segundo lugar, en el Ordinario N° 010/201 del CPEIP, de fecha 24 de abril de 2026, que instruye a los sostenedores a ejecutar los procesos de declaración de bienios, asignación de tramo y declaración de rentas históricas únicamente respecto de los docentes evaluados en 2025. Para el resto de la dotación, esos procedimientos se realizarán en 2027. En tercer lugar, en la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo (Dictamen ORD. N° 2093/36 de 23.08.2021), que define el ingreso al SDPD como un cambio en la estructura remuneracional del profesional individual y no del establecimiento.
Tres regímenes simultáneos en un mismo colegio
La consecuencia práctica de este criterio es de alto impacto: a partir de julio de 2026, en un mismo establecimiento educacional pueden coexistir hasta tres estructuras remuneracionales distintas. La primera corresponde a los docentes que ingresan a Carrera Docente por haber sido evaluados en 2025. La segunda, a la dotación que permanece en el régimen remuneracional vigente hasta 2027. La tercera, a quienes hayan sido aceptados en su solicitud de no ingreso al sistema, de conformidad con el artículo quinto transitorio de la Ley N° 20.903.
Esta dualidad —y eventual triplicidad— de regímenes tiene consecuencias administrativas que no deben subestimarse: dos o más procedimientos de liquidación diferenciados, cronogramas distintos de declaración ante el Ministerio de Educación y una planificación financiera que debe contemplar ambas oleadas de ingreso.
«Lo que estamos observando es un aumento considerable de la complejidad administrativa de los colegios. Operar con dos o tres estructuras
remuneracionales en paralelo implica procesos de liquidación diferenciados, obligaciones distintas frente al Ministerio y una planificación de presupuesto que ya no puede proyectarse de manera uniforme. Los equipos de remuneraciones y administración deben prepararse para eso ahora, no en junio de 2027.»
— Rubén Valencia, Director del Área Técnica de Numerus Consultoría
Una zona gris que aún aguarda resolución formal
El pronunciamiento del CPEIP, sin embargo, no despeja todas las incógnitas. La propia autoridad señaló en su comunicación del 25 de mayo que existe una consulta pendiente ante la División
Jurídica de la Subsecretaría de Educación: qué ocurre con los docentes que fueron evaluados antes de 2025 en establecimientos que aún no han ingresado al SDPD. La pregunta es si estos profesionales cambiarán su estructura remuneracional en julio de 2026 o deberán esperar hasta julio de 2027.
Mientras no exista un pronunciamiento formal de la División Jurídica, este punto permanece sin aclarar. El CPEIP se comprometió a convocar a los sostenedores a una nueva instancia de capacitación una vez que se cuente con la respuesta definitiva. Para los sostenedores que tienen docentes en esta situación, la incertidumbre es un riesgo real de planificación.
«Hay una zona gris que todavía no tiene respuesta oficial: qué pasa con los docentes que fueron evaluados antes de 2025 en colegios que aún no han ingresado a Carrera Docente. El CPEIP reconoció que esa pregunta está en análisis jurídico. Mientras no haya una respuesta, los sostenedores con docentes en esa situación deben planificar escenarios alternativos y no asumir ningún criterio de aplicación como definitivo.»
— Rubén Valencia, Director del Área Técnica de Numerus Consultoría
Qué deben hacer los sostenedores hoy
Con julio de 2026 a días de distancia, los establecimientos con docentes evaluados en 2025 deben actuar con urgencia en al menos tres frentes. Primero, identificar con precisión qué integrantes de su dotación rindieron Portafolio o ECEP en 2025 y si serán incluidos en la Resolución de tramos que publicará la Subsecretaría de Educación. Segundo, preparar la declaración de bienes y rentas históricas para esos docentes específicos, según las instrucciones del Ordinario N° 010/201 del CPEIP. Tercero, diseñar una planificación presupuestaria que anticipe la segunda oleada de ingreso en julio de 2027, cuando toda la dotación restante completará la transición al nuevo régimen.
La complejidad de este proceso —con normas superpuestas, excepciones acotadas y plazos que se acercan— exige que los equipos de gestión educacional cuenten con asesoría técnica precisa. No basta con leer la ley: es necesario interpretarla, contrastar con los actos administrativos del CPEIP y traducirla a decisiones concretas de remuneración y nómina.
Equipo Prensa
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