El Gobierno ha implementado una exigencia que pone en peligro el trabajo de las organizaciones que protegen a niños, niñas y adolescentes vulnerados. La Ley de Presupuestos 2025, establece como requisito para suscribir los convenios con el Servicio de Protección Especializada, presentemos garantías financieras de manera anticipada. Esta medida contradice la ley específica regula el régimen de aportes financieros del Estado a estos organismos, y nos obliga a paralizar recursos siendo que, en la práctica, el Estado no nos adelanta ni un peso, sino que solo nos transfiere recursos luego que estos se ejecutan y esa ejecución se demuestra, supervisa y controla por la autoridad.
Así, si bien la medida suena razonable en teoría, en la práctica congela la operación: el aporte público cubre cerca del 75 % del costo; el resto se financia con donaciones. Garantizar una cifra tan alta como 45 millones de pesos, para un proyecto de 3 años de duración no es viable. Esta exigencia no solo genera incertidumbre en el sistema, sino que expulsará a muchas fundaciones por no poder cumplir con esa garantía, afectando directamente la continuidad de las atenciones a miles de niños y niñas. Hoy más de 41.000 niños se encuentran en lista de espera. El sistema ya está al límite.
Hacemos un llamado urgente al gobierno a revisar esta medida para asegurar la continuidad de los servicios de atención a la niñez, que no puede quedar supeditada a mecanismos administrativos carentes de fundamento. Requiere de decisiones coherentes, recursos suficientes y un compromiso con los derechos de la niñez.
Paulina Fernández, Aldeas Infantiles SOS
Erica Ponce, Fundación Niño y Patria
Lisette Allende, Fundación María de la Luz
Daniela Vergara, Corporación Crecer Mejor
Monica Hernández, Fundación Koinomadelfia
Teresa Izquierdo, Fundación Misión de María
Equipo Prensa
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