El caso conocido sobre eventuales irregularidades en JUNAEB, relacionadas con pago de raciones alimenticias que habrían sido cobradas sin ser entregadas, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que muchas veces pasa inadvertida, que es la confianza pública y la gobernanza. En Chile solemos discutir bastante sobre nuevas leyes, programas o recursos, pero bastante menos sobre cómo se implementan, ya que la experiencia muestra que una política pública no se juega únicamente en su diseño; muchas veces su éxito o fracaso depende de cómo se implementa y controla.
En nuestro país, el Estado, a través de la cartera de Educación, ejecuta programas masivos de alimentación escolar, con una estrecha relación con empresas privadas, asignándole recursos vía procesos licitatorios públicos. Frente a esto se requiere reglas claras, buenos sistemas de control y una fiscalización capaz de detectar oportunamente los errores, las malas prácticas, los abusos, ya que cuando esto ocurre, los costos no son solamente financieros.
El daño más complejo, si efectivamente existen esas irregularidades, no es netamente económico, ya que lo que realmente se resiente es la confianza de los ciudadanos. Cada vez que un programa público aparece en los titulares por problemas de gestión, control o ejecución, se instala la duda sobre instituciones que cumplen funciones esenciales para millones de personas.
Por eso, fortalecer las capacidades del Estado, profesionalizar la gestión pública y formar especialistas en políticas públicas no debería ser una discusión ideológica. Los desafíos que tiene Chile por delante requieren un Estado que funcione bien, pero también un sector privado comprometido y una ciudadanía que exija resultados.
Porque los recursos públicos son de todos los chilenos, y cuando falla el control, no sólo se pierde plata, si no también se pierde la confianza y el respeto de los ciudadanos en la función pública, y esa siempre es la deuda más difícil de pagar.
Equipo Prensa
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