Carlos Alsua – Académico Facultad de Economía y Negocios UNAB
Estados Unidos acaba de imponer un arancel adicional del 12,5% a una parte importante de las importaciones chilenas. La justificación oficial es que Chile no contaría con mecanismos suficientemente eficaces para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Es una explicación difícil de aceptar. Chile tiene legislación laboral, ha ratificado convenios internacionales y no existe evidencia pública de que el salmón, las cerezas, el vino o los productos forestales chilenos afectados por la medida sean producidos mediante trabajo forzoso.
Conviene llamar las cosas por su nombre. Un arancel no es un pago que hace mágicamente el país exportador. Lo paga el importador estadounidense cuando la mercancía entra en Estados Unidos. Si una empresa importa un producto chileno valorado en 100 dólares, debe entregar otros 12,50 dólares al Tesoro estadounidense. Después intentará recuperar ese dinero aumentando el precio, presionando al proveedor chileno para que reduzca su margen o combinando ambas cosas.
Desde el punto de vista económico, esto funciona como un impuesto federal selectivo a las ventas. No se cobra en la caja de un supermercado, sino en la frontera. Tampoco se aplica a todos los productos por igual, sino que discrimina según su origen y la conveniencia política del Gobierno estadounidense. La Reserva Federal de Nueva York calculó que entre el 86% y el 94% del costo de los aranceles aplicados en 2025 fue soportado por empresas y consumidores estadounidenses. La afirmación de que “los países extranjeros pagan los aranceles” simplemente no resiste el análisis económico.
Para Chile, sin embargo, el daño es muy real. El Gobierno estima que la medida alcanza 989 productos y podría generar una carga adicional de 200,5 millones de dólares durante 2026. La agricultura, la fruticultura y la industria forestal estarán entre las actividades más expuestas. El cobre refinado y el carbonato de litio quedaron excluidos, junto con aproximadamente el 53% de las exportaciones chilenas. La razón parece evidente: Estados Unidos protege del arancel aquellas materias primas chilenas que necesita, mientras grava productos en los cuales considera que puede presionar sin perjudicar seriamente su propia economía.
La comparación con Canadá resulta reveladora. El nuevo arancel canadiense llega al 50%, pero se aplica a una selección de mercancías que representa cerca del 5,2% de las importaciones estadounidenses desde ese país. La lista incluye desde pelucas y palos de hockey hasta vino y cemento. El porcentaje canadiense produce un titular más espectacular, pero su alcance es más quirúrgico. El 12,5% chileno parece menor, aunque afecta sectores importantes para nuestras regiones, nuestro empleo y nuestra identidad exportadora. Un arancel menor sobre cerezas, vino, salmón y madera puede ser más perjudicial para Chile que uno mucho mayor sobre productos canadienses de menor relevancia comercial.
También existe una dimensión fiscal que no debe ignorarse. La guerra estadounidense con Irán ya tiene un costo reconocido de 37.500 millones de dólares, incluyendo gastos previstos hasta septiembre, y el Gobierno ha solicitado casi 90.000 millones adicionales. Al mismo tiempo, continúan proyectos costosos en Washington, entre ellos la controvertida remodelación y ampliación de la Casa Blanca.
No existe evidencia pública de que el dinero cobrado específicamente a las importaciones chilenas esté asignado a una bomba, una operación militar o una obra determinada. Así no funciona un presupuesto nacional. Pero el dinero es fungible: cada dólar recaudado mediante aranceles reduce la necesidad de obtenerlo mediante otros impuestos o mayor endeudamiento. Por tanto, detrás del lenguaje sobre protección laboral también existe una evidente realidad recaudatoria.
Chile debe negociar excepciones, utilizar los mecanismos del Tratado de Libre Comercio y diversificar sus mercados. Pero, sobre todo, no debe aceptar en silencio una lección moral que carece de fundamento. Este arancel no es cooperación comercial ni defensa de los trabajadores. Es un impuesto estadounidense, utilizado como instrumento de presión política, cuyo daño colateral recaerá sobre productores chilenos y consumidores estadounidenses.
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