La Contraloría General de la República reveló que una «falta de fiscalización» por parte de la Superintendencia de Educación en los colegios que en 2024 y 2025 presentaron una mayor cantidad de sanciones y denuncias por violencia escolar.
Así lo reveló el Informe N°660 del organismo, en que se verificaron las acciones efectuadas por la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación «para garantizar el cumplimiento de las normas que imponen deberes relacionados con la buena convivencia escolar en los establecimientos educacionales».
En ese sentido, se dio cuenta de que entre 2020 y el 13 de octubre de 2025 la Superintendencia recibió 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional. El desglose es el siguiente: 1.764 son por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa, 29.168 por maltrato a párvulos y/o estudiantes y 4.478 por situaciones de connotación sexual.
De ese total, solo 1.727 fueron materia de fiscalización, y «por lo tanto, la Superintendencia deberá evaluar y fortalecer los mecanismos de intervención, de fiscalización y prevención, de manera de asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa educacional y contribuir a generar entornos escolares seguros y protegidos para todos los integrantes de las comunidades educativas».
«En este contexto, se constató que este tipo de denuncias no ha disminuido en los últimos años y, por el contrario, su aumento promueve que el fenómeno de la violencia en los establecimientos siga siendo en nuestro país de las principales problemáticas que enfrenta la educación escolar pública», afirmaron desde la CGR.
Añadieron que ante esto, «la Superintendencia deberá acreditar documentadamente a esta Contraloría General, lo enunciado en su respuesta e incorporar a su plan de fiscalización variables que incluyan priorizaciones respecto de hechos de violencia escolar ocurridos en establecimientos educacionales de forma reiterada».
Lo anterior, «con el fin de contribuir a mitigar el riesgo de ocurrencia en el futuro, antecedentes de los que deberá dar cuenta a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por su Departamento de Auditoria, dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe».
Asimismo, la auditoría de Contraloría revisó la reubicación de los estudiantes de colegios emblemáticos que fueron sancionados con expulsión o con la cancelación de la matrícula por verse involucrados en hechos de violencia escolar.
En esa línea, se pudo constatar que 38 alumnos cuentan con matrícula actual en algún otro colegio emblemático o en el mismo establecimiento educacional, sin que hayan sido reubicados como lo establece la legislación vigente.
Se analizó la situación del Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal, ubicados en las comunas de Santiago y Providencia, los cuales concentraron la mayor cantidad de denuncias y sanciones en el período auditado.
Así, por ejemplo, se constató que el 21% de los alumnos sancionados se reincorporó al mismo establecimiento que los expulsó o canceló la matrícula, «donde los directores no hicieron uso de la facultad de oponerse».
El 79% restante «se incorporaron a otro de los establecimientos emblemáticos situados entre aquellos con más problemas de violencia».
Por ello, Contraloría ordenó a la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación adoptar coordinadamente las medidas pertinentes para que regulen el procedimiento y se cumpla con la reubicación en nuevos establecimientos educacionales de aquellos vinculados a hechos de violencia escolar.
Fuente: Emol
Equipo Prensa
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