Hoy, las instituciones de educación superior se encuentran en un escenario de exigencias crecientes. Por un lado, enfrentan un ecosistema regulatorio de una complejidad sin precedentes; por otro, lidian con una comunidad educativa que legítimamente demanda respuestas expeditas y eficaces. En este contexto, el reto para las secretarías generales o áreas jurídicas no radica únicamente en el cumplimiento estricto de la norma, sino en la capacidad de hacerlo con oportunidad, eficiencia, agilidad y transparencia, transformando la labor legal y normativa en un motor de confianza institucional.
El día a día es intenso para quienes integramos las áreas jurídicas y regulatorias. A menudo, los procesos instalados generan una carga administrativa que nos obliga a actuar como unidades reactivas, impidiéndonos avanzar hacia el análisis de alto valor, la prevención de riesgos y la anticipación a los cambios del panorama legal. En este contexto, y también con el objetivo de optimizar el tiempo para que nuestra gestión sea un facilitador de la gestión institucional y no un “cuello de botella”, es que conceptos como modernización, digitalización, automatización y tecnología cobran especial relevancia.
Es evidente que una modernización efectiva demanda inversión en tecnología y talento especializado. No obstante, al ser parte de instituciones con realidades operativas complejas —donde el soporte jurídico apoya, pero no constituye el núcleo del quehacer académico—, existen factores estructurales que marcan el ritmo del cambio. Aspectos como la optimización presupuestaria, la incertidumbre financiera, la necesaria actualización de competencias digitales y la resistencia al cambio, representan brechas que debemos abordar con creatividad y pragmatismo.
No basta con instalar un software; el desafío trasciende la mera automatización.
Además de implementar herramientas que permitan la gestión estandarizada y la trazabilidad de los procesos (contratos, firmas electrónicas, repositorios), requerimos de una planificación que incluya la gestión del factor humano con foco en una cultura de integridad y cumplimiento medible y, al mismo tiempo, avanzar hacia el Legal Design o diseño jurídico que permita a los usuarios no abogados comprender mejor la información, reduciendo la brecha entre la norma, su cumplimiento efectivo y las expectativas de la comunidad.
En definitiva, la modernización no es un fin en sí mismo, sino el medio para fortalecer la gobernanza y la confianza pública en nuestras instituciones. Lograrlo de forma aislada es una tarea compleja; por ello, la invitación es a generar redes de colaboración entre las unidades jurídicas, normativas y regulatorias de las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior. Al compartir buenas prácticas y aprender de las experiencias comunes, no solo optimizamos nuestros procesos, sino que construimos una gestión del sistema de educación superior más sólida, integrada y preparada para los desafíos del futuro.
Loreto Monardes Marcich
Secretaria General
Instituto Profesional San Sebastián
Equipo Prensa
Portal Educa
