El alza de los combustibles que comenzará a regir esta semana tendrá un impacto inmediato en el gasto de los hogares. La bencina de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que en el caso del diésel, el incremento supera el 60% y lo llevará a sobrepasar los $1.500 por litro en la Región Metropolitana.
“En términos prácticos esto implica un aumento relevante del gasto mensual de hasta $60.000 adicionales por hogar, dependiendo del uso y tipo de vehículo. Este mayor costo reduce directamente el ingreso disponible de los hogares y, en muchos casos, obliga a financiar gastos corrientes con deuda, elevando el riesgo de sobreendeudamiento”, advierte Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.
A nivel de gestión financiera en el corto plazo la recomendación es anticiparse al impacto priorizando liquidez por sobre consumo. “En este escenario, es clave evitar descalces financieros y no cubrir gasto corriente con deuda de alto costo. Asimismo, ordenar las obligaciones según su tasa de interés efectiva -más que por monto- permite generar eficiencias en el flujo mensual y contener el deterioro financiero”, recomienda Ibáñez.
Adicionalmente, se pueden implementar medidas prácticas para contener el gasto:
- Pagar el combustible con tarjeta de crédito dentro del ciclo de facturación, evitando la generación de intereses.
- Si no es posible pagar al contado, privilegiar la línea de crédito por sobre la tarjeta, por su menor costo financiero relativo.
- Planificar y concentrar las cargas de combustible para aprovechar descuentos asociados a medios de pago o programas de fidelización.
- Evaluar alternativas de movilidad más eficientes, como el uso de transporte público o compartir el auto para distribuir costos.
En este contexto, la renegociación de deudas -establecida en la Ley 20.720 o Ley de Insolvencia y Reemprendimiento- surge como una alternativa concreta para aliviar la carga financiera. “Este mecanismo permite a las personas reorganizar sus obligaciones bajo condiciones acordes a su realidad económica actual, incluyendo la posibilidad de acceder a mejores condiciones de pago, fijar cuotas que no superen el 60% de los ingresos, suspender o eliminar intereses, y optar a períodos de gracia de hasta tres meses. Además, durante el proceso se detienen las cobranzas y se puede salir de registros como DICOM, facilitando la recuperación de la estabilidad financiera en un escenario de mayores costos como el actual”, complementa Ibáñez.
Equipo Prensa
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