Nicolás Schongut Académico Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas
La modernización y digitalización tanto del Estado como del mundo corporativo ha traído un proceso cada vez más acelerado de datificación: vale decir, la transformación de aspectos de nuestra vida en datos digitales que pueden ser analizados y utilizados con diferentes finalidades. En particular este proceso ha permitido consolidar como antecedentes estadísticos una serie de elementos tales como la vida laboral, judicial, educacional o sanitaria, entre otros. Esto ha derivado en el desarrollo de iniciativas positivas, como – por ejemplo – detectar a médicos emisores de licencias fraudulentas, o datos.gob: la iniciativa de datos abiertos del Estado de Chile, que permite su reutilización para investigación.
Sin embargo, en los últimos días ha llamado la atención una empresa que promete cruzar datos de distintas agencias públicas o de servicio público (SII, Defensoría Penal, Poder Judicial, COMPIN, Registro Civil, AFC) por medio de la clave única, para emitir informes de “confianza laboral” para aquellas personas que estén buscando empleo, incluyendo datos tales como la trayectoria profesional, boletas de honorarios, certificado de antecedentes, historial de juicios laborales o en la Defensoría Penal Pública, e incluso incluir licencias médicas de FONASA en los últimos 90 días.
Si bien el relato de quienes ofrecen tales servicios lo promocionan como un apoyo para desarrollar confianza en el ambiente de trabajo, y una supuesta promesa de privacidad mediante la Clave Única, es fácil imaginar como la creación de un nuevo mercado para estos informes se convertirá en una herramienta de discriminación en la contratación, basada en cifras descontextualizadas bajo el falso argumento de confianza y transparencia.
Si se llegase a normalizar la solicitud de estos informes de “antecedentes laborales” en las ofertas del futuro, las comunidades marginalizadas serán las más gravemente afectadas en la contratación, tales como personas cuidadoras, mujeres, trabajadoras y trabajadores que hayan denunciado a su empleador por acoso laboral y personas que hayan tenido problemas de salud, entre otras.
La datificación, cuando está bien regulada, puede convertirse en una herramienta maravillosa para guiar soluciones a problemas complejos orientados a la justicia social. Pero es una potente arma de doble filo, pues la cuantificación de datos personales sensibles de nuestra vida cotidiana en todas sus variables, es simultáneamente una herramienta de control y discriminación.
El llamado es a actuar rápidamente antes de que esto se convierta en un problema, y en el corto plazo, prohibir la solicitud y envío de estos informes en ofertas de empleo, así como anteriormente se ha prohibido la exigencia de una fotografía en la postulación a un trabajo, o de test de VIH para acceder a un empleo. En el largo plazo el desafío es más complejo: desarrollar una política de datificación con fines de justicia social, y no una que promueva la vigilancia, discriminación y la restricción de nuestras libertades.
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