Los niños que nacieron en Chile durante 2025 llegarán a la educación superior alrededor de 2043. Ese año nacieron cerca de 146 mil niños en el país, casi un 47% menos que en 1993, y la tasa global de fecundidad cayó por debajo de un hijo por mujer. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿está preparado nuestro sistema universitario para ese país?

Por ahora, esta disminución todavía no se observa plenamente en las universidades. Quienes ingresan hoy nacieron aproximadamente hace 18 años, cuando las cohortes eran considerablemente mayores. Pero esta situación tiene fecha de término. Entre 2030 y 2035 el sistema debiera comenzar a resentir con mayor claridad la reducción de potenciales estudiantes y, hacia 2040, la presión demográfica será mucho mayor.

El problema de fondo es que durante décadas construimos un sistema universitario bajo un supuesto de expansión: más jóvenes, mayor cobertura y crecimiento sostenido de la matrícula. Creamos instituciones, carreras, sedes, infraestructura y vacantes para responder a esa realidad. Hoy comenzamos a transitar hacia un escenario distinto, pero buena parte de nuestra estructura sigue respondiendo a la lógica anterior.

El impacto tampoco será homogéneo. Las universidades y carreras de alta demanda tendrán mejores condiciones para mantener sus matrículas, mientras otras podrían enfrentar dificultades antes. En ciudades como Temuco, Concepción o Valparaíso, donde existe una importante concentración de instituciones y oferta de educación superior, esta presión podría hacerse especialmente visible.

Si disminuye significativamente el número de jóvenes y mantenemos prácticamente inalterada la oferta, difícilmente todas las instituciones podrán conservar sus actuales niveles de matrícula. Aumentará la presión sobre carreras e instituciones con menor demanda y alta dependencia del pregrado. La discusión sobre vacantes, programas, especialización institucional y sostenibilidad dejará entonces de ser teórica.

Este escenario abre preguntas que el sistema universitario tendrá que abordar mucho antes de que sus efectos sean evidentes en la matrícula. ¿Tiene sentido seguir ampliando vacantes y programas bajo supuestos de crecimiento permanente? ¿Será sostenible mantener una oferta altamente fragmentada? ¿Cómo cambiará la relación entre pregrado, postgrado y formación a lo largo de la vida?

En distintos sistemas universitarios ya se discuten modelos de formación inicial más amplia, trayectorias flexibles y especializaciones posteriores. Más que importar mecánicamente esas soluciones, Chile tendrá que preguntarse qué arquitectura formativa resulta sostenible para su nueva realidad demográfica y social.

La discusión tampoco puede reducirse a cuántos jóvenes de 18 años ingresarán a la universidad. Una sociedad que envejece obligará a ampliar la propia idea de quién es un estudiante universitario. Formación continua, postgrados profesionales, diplomados, microcredenciales y programas flexibles adquirirán una importancia creciente para una población que necesitará actualizar sus conocimientos varias veces durante su vida laboral.

Todo esto debiera formar parte de una discusión de Estado sobre el futuro de la educación superior, que considere financiamiento, regulación de la oferta, estructura y duración de las carreras y sostenibilidad del sistema. Una conversación que, necesariamente, tendrá que superar los ciclos de los gobiernos de turno y permitirnos mirar el sistema con horizonte de décadas.

Los niños nacidos hoy llegarán a nuestras universidades alrededor de 2044. Las decisiones que adoptemos ahora producirán efectos durante varias décadas. El cambio demográfico todavía no alcanza plenamente a las universidades. Esa es, paradójicamente, nuestra principal ventaja: podemos esperar a que sus consecuencias se hagan evidentes o utilizar estos años para discutir seriamente qué sistema universitario necesitará un Chile con menos jóvenes, mayor longevidad y trayectorias laborales cada vez más extensas.

La demografía ya hizo su parte: nos avisó con anticipación.