José Manuel Medina Académico investigador Facultad de Educación Universidad de Las Américas
Las transformaciones en torno a la administración de la educación pública, específicamente del sistema escolar chileno, ocurren en un contexto en que la forma de ser de los estudiantes también está cambiando.
En 2025, 473.834 eran los alumnos que formaban parte del Programa de Integración Escolar (PIE), equivalentes al 13,38% de la matrícula escolar, mientras que en 2016 correspondían solo al 8,9%. Este crecimiento es sostenido y contrasta con la trayectoria reciente de la matrícula general, que desde su máximo de 2022 ha disminuido cerca de un 2,8%.
Esta tendencia no se distribuye de igual manera en el territorio. En la Región de Ñuble, los estudiantes con necesidades educativas especiales representan el 21,44% de la matrícula; en La Araucanía, el 20,1%, y en Los Ríos, el 19,37%. En la Región Metropolitana alcanzan el 9,62%. Estas diferencias evidencian que la inclusión enfrenta desafíos distintos según cada zona y que, por lo mismo, no puede sostenerse mediante respuestas uniformes.
El carácter territorial del desafío adquiere especial relevancia frente al actual proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Desde enero de 2026 funcionan 36 servicios, dentro de 58 ya creados, que administran más de 3.000 establecimientos y jardines infantiles, y atienden a más de 640 mil estudiantes y párvulos.
Esto representa un avance relevante y también una oportunidad para ampliar la conversación: la balanza no puede inclinarse únicamente hacia quién administra las escuelas, la forma en que se realizan los traspasos o cómo se ordenan sus recursos; también importa preguntarse qué capacidades pedagógicas construye esta nueva institucionalidad para responder a aulas cada vez más diversas.
El crecimiento del PIE no debiera leerse solo como un aumento de diagnósticos o una mayor demanda por nuevos cupos, ya que las cifras también pueden estar reflejando una escuela que reconoce necesidades o barreras para el aprendizaje y la participación, factores que antes permanecían invisibilizados. Sin embargo, reconocer la diversidad exige más que incorporarla administrativamente: requiere docentes preparados, equipos interdisciplinarios estables, tiempos para colaborar, liderazgo pedagógico y apoyos capaces de responder a las particularidades de cada territorio.
Aquí los SLEP tienen una oportunidad valiosa, pues su carácter territorial puede permitir conocer mejor las necesidades de sus comunidades, articular apoyos entre establecimientos y construir capacidades compartidas, en lugar de dejar que cada escuela responda en solitario. Si la educación pública está modificando su forma de organizarse, mientras también cambia la diversidad de quienes habitan y aprenden en ella, ambas transformaciones necesitan encontrarse, dialogar y contribuir a pensar la escuela del mañana.
El éxito de la nueva Educación Pública está en que cada estudiante encuentre en su escuela condiciones para participar, aprender y sentirse parte de una comunidad.
Equipo Prensa
Portal Educa
