Francisca Beroíza Directora de Magíster en Docencia Universitaria Universidad de Las Américas
El asesinato de una inspectora en un colegio de Calama, a manos de uno de sus estudiantes, fue el punto en el que muchos dejamos de mirar hacia otro lado. No fue un hecho aislado: en los últimos meses se han registrado incidentes con armas en escuelas de distintas comunas del país y, según la Superintendencia de Educación, cuatro de cada diez docentes declaran haber sufrido una agresión verbal.
La violencia dejó de ser un titular ocasional para instalarse como una realidad cotidiana en demasiadas comunidades educativas: frente a ese escenario, la ley «Escuelas Protegidas» es una respuesta necesaria. Y conviene decirlo sin matices defensivos: las comunidades escolares pedían certezas y herramientas, y la normativa se las entrega.
Asimismo, proporciona las normativas que las comunidades educativas necesitan con urgencia. Pero una ley no se implementa por sí sola. Su verdadero éxito se jugará en cada sala de clases.
Directores, profesores, asistentes de la educación y apoderados requerían un marco claro para actuar ante hechos graves, en lugar de improvisar caso por caso. Reconocer esa urgencia no es ceder a la lógica del castigo; es tomarse en serio el derecho de niños, niñas y trabajadores de la educación a un entorno seguro.
Eso exige algo menos visible y mucho más exigente: equipos de convivencia con horas y formación suficientes, docentes acompañados y no dejados solos frente al conflicto, acceso real a la salud mental para estudiantes que muchas veces arrastran historias durísimas, y un clima escolar que se construye con confianza, no solo con control. Sin esa base, las herramientas que la ley entrega corren el riesgo de quedarse en la superficie.
La propia legislación lo entendió bien: no se limita a endurecer los controles. Combina las nuevas facultades con medidas formativas, privilegia la proporcionalidad y el debido proceso y establece una coordinación entre educación, salud, desarrollo social y otros organismos para abordar los factores de riesgo y el bienestar mental.
La evidencia internacional es bastante consistente en algo: la seguridad y la formación no son enfoques rivales, sino complementarios. Los colegios que logran reducir la violencia de manera duradera son los que combinan límites claros con vínculos fuertes; reglas que se cumplen con adultos disponibles para acompañar.
La protección de una escuela no se decreta: se construye. La ley nos dio el marco y las herramientas, lo cual era necesario y urgente. Que esta cumpla su promesa dependerá menos de su texto que de cuánto estemos dispuestos a invertir en esa relación.
Equipo Prensa
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