Estela Blanco, doctora en Salud Pública Académica, College y Escuela de Salud Pública Pontificia Universidad Católica de Chile
La universidad ofrece un espacio para comprender problemas que forman parte de nuestra vida cotidiana desde la evidencia científica. La contaminación atmosférica es uno de ellos. El 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de contaminación superan lo recomendado. La situación en Chile es muy similar: cerca del 90% de la población vive en zonas urbanas donde los niveles de contaminación ambiental exceden los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se puede observar cómo, semana a semana, la cordillera se vuelve menos visible. Lo que aparecía frente a nosotros ya no era un paisaje nítido, sino una capa grisácea que poco a poco se volvía parte del escenario cotidiano. Tan cotidiana, de hecho, que dejamos de verla como un problema. Sin embargo, muchos estudiantes comentan de forma automática: “Pero todavía podemos ver la cordillera”. Esa frase me queda dando vueltas.
En un reciente experimento en el que instalamos sensores de bajo costo. Nos dimos cuenta que a medida que avanzaban los meses, las bajas temperaturas consolidaban el escenario de invierno y los niveles de material particulado fino se disparaban de forma evidente. Los promedios registrados se multiplicaron por cinco al llegar el invierno: pasaron de aproximadamente 8 μg/m³ en enero a más de 40 μg/m³ en junio.
La evidencia científica es contundente. La contaminación atmosférica aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, contribuye a miles de muertes prematuras cada año y afecta especialmente a niños, personas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas. Como epidemióloga ambiental, gran parte de mi trabajo reciente se ha enfocado en estudiar los efectos de las exposiciones ambientales durante el embarazo. Las mujeres embarazadas constituyen una población particularmente vulnerable, ya que las condiciones ambientales pueden influir en el desarrollo fetal con consecuencias que pueden extenderse durante toda la vida.
A diferencia de otros factores de riesgo, una persona no puede reducir por sí sola las emisiones de una ciudad; la protección frente a la contaminación del aire requiere acción colectiva y políticas públicas efectivas. Por eso recibí con preocupación la noticia de marzo de este año sobre el retiro para revisión de la actualización de la norma de MP2,5 que había sido aprobada por el Consejo de Ministros a fines de 2025. Esta actualización nos habría permitido avanzar hacia estándares más protectores de la salud.
Quizás ese sea uno de los mayores desafíos que enfrentamos. La contaminación atmosférica no suele generar titulares diarios ni provocar una sensación inmediata de urgencia. Nos acostumbramos a ella. Aprendimos a convivir con alertas ambientales, con cielos opacos y con estándares de calidad del aire que siguen lejos de lo que la evidencia científica recomienda para proteger nuestras vidas. Normalizar un problema no lo hace menos dañino. La pregunta no es si podemos seguir viendo la cordillera algunos días del año, la pregunta es si estamos dispuestos a conformarnos con niveles de contaminación que sabemos que afectan nuestra salud cuando contamos con el conocimiento para aspirar a algo mejor.





















