La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), las que, según una auditoría interna, podrían involucrar pagos cuestionados por más de $14 mil millones.
Los antecedentes fueron recopilados a partir de una revisión ordenada por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno y apuntan a eventuales anomalías en contratos asociados a la licitación conocida como 18-20, que contempló la provisión de servicios de alimentación escolar en siete regiones del país.
La investigación fue asignada a la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, quien deberá analizar los antecedentes entregados por la actual administración de Junaeb. Entre ellos figuran personas y empresas identificadas por su eventual participación en los hechos denunciados.
Uno de los principales focos de la auditoría está puesto en la Región de O’Higgins y en los contratos adjudicados a la empresa Soser S.A. Según el informe, las bases de licitación habrían permitido distorsiones en la asignación de servicios al eliminar mecanismos de control sobre los precios ofertados, situación que habría generado pagos significativos por prestaciones que, de acuerdo con los antecedentes recopilados, no habrían sido efectivamente realizadas.
La revisión también analiza el rol de consultoras externas contratadas para rediseñar las bases del proceso licitatorio y la posterior implementación de herramientas tecnológicas asociadas al programa, así como la participación de distintos funcionarios que intervinieron en etapas clave de la licitación y modificaciones contractuales posteriores.
Según los antecedentes aportados por Junaeb, durante los años 2021, 2022 y 2023 se realizaron pagos asociados a raciones de alimentación proyectadas que no habrían sido entregadas. La auditoría sostiene que las modificaciones contractuales efectuadas durante ese período aumentaron significativamente los montos pagados bajo la modalidad de pago garantizado, incluso en escenarios donde no existía prestación efectiva del servicio.
Parte de estas modificaciones fueron observadas previamente por la Contraloría General de la República, que cuestionó la falta de control preventivo respecto de determinados actos administrativos vinculados a los contratos investigados.
La actual administración de Junaeb estima que los pagos cuestionados alcanzan los $14.363 millones, cifra que corresponde a raciones programadas cuya entrega efectiva no habría podido ser acreditada en la revisión realizada.
Consultado sobre el caso, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que una investigación de esta magnitud requiere especial atención por el volumen de recursos públicos eventualmente comprometidos. Asimismo, indicó que los antecedentes recientemente aportados corresponderían a hechos que no habían sido objeto de investigaciones previas por parte del Ministerio Público.
La causa se encuentra en etapa inicial y será la Fiscalía la encargada de determinar si los antecedentes configuran eventuales delitos vinculados a fraude al fisco u otras infracciones asociadas a la administración de recursos públicos. (NP ChatGPT-La Tercera)
Fuente: Nuevo Poder
Equipo Prensa
Portal Educa
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