El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra contribuyentes vinculados a dos sociedades que funcionaban como malls chinos en el barrio Meiggs, encontrando un perjuicio fiscal de $2357 millones por omisión de ingresos cercanos a $13 mil millones. Mediante auditorías y correcciones, la institución ha recuperado más de $4 mil millones en los primeros meses de este año.
Además, en 2025, empadronó 1188 malls chinos y llevó a cabo 2747 fiscalizaciones en terreno, emitiendo 332 infracciones por no emitir boleta, 229 clausuras temporales y multas por sobre los 63 millones de pesos a nivel nacional.
Cuando una parte de la industria requiere este nivel de control para cumplir lo básico, ya no se puede hablar de casos aislados, sino de una forma de hacer negocios que se enfoca en la falta de transparencia.
El problema es que, en numerosos establecimientos, la evasión deja de ser un “error” y pasa a ser una ventaja. Al no registrar ventas, inflar créditos fiscales o transferir recursos entre empresas asociadas sin un respaldo real, obtienen costos artificialmente bajos que el comercio formal tiene pocas posibilidades de igualar. No se trata de empresas más eficientes, sino de personas que trasladan una parte de sus costos al resto de la sociedad. Esto significa menos recursos para políticas públicas, presión sobre aquellos que sí cumplen y normalización del concepto de que “el tonto es el que paga”.
Según datos del SII, cuando se instalan fiscalizadores en punto fijo la emisión de boletas se incrementa; no obstante, días después vuelve a descender. No nos enfrentamos a la falta de conocimiento normativo, sino a un cálculo en relación con la probabilidad de ser fiscalizado de manera constante.
Desde esta perspectiva, la respuesta desde la política pública tiene que ir más allá de las clausuras. Se requiere una respuesta estructural de control continuo, basada en información integrada y análisis de riesgo, que combine datos bancarios, declaraciones juradas, importaciones y ventas declaradas, y que tenga la capacidad de detectar incongruencias antes de que el daño se acumule.
Simultáneamente, los permisos municipales deberían estar más sujetos a registros tributarios verificables. El otro elemento es simplificar la formalidad para el pequeño comercio. Si emitir boleta electrónica, llevar registro básico de inventarios y declarar
impuestos continúa siendo complicado, se empuja a la informalidad incluso a quienes desean cumplir. La clave es una regla pareja, no estigmatizar a los malls chinos ni permitir que una porción del comercio viva de manera crónica en incumplir.
Al final, la pregunta es qué mercado deseamos. Si aceptamos que una parte del comercio compita desde la trampa, hoy tendremos precios algo más bajos, pero mañana una recaudación tributaria más frágil y desigual. Si, en cambio, mejoramos las instituciones para que la norma sea simple y se respete, los comercios que perduren serán los que obtengan beneficios a través de su eficiencia.
Manuel Chong Fuentes
Economista
Académico UNAB
Equipo Prensa
Portal Educa
