Dr. Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas

 

Durante décadas, Chile ha cimentado su desarrollo energético sobre la base de los combustibles fósiles. Petróleo, gas y carbón han sido los pilares de un modelo que, si bien impulsó el crecimiento económico, también ha dejado una huella imborrable en el medioambiente y la salud de las personas. La combustión de estos recursos no solo ha intensificado la crisis climática, impactando de manera negativa al medioambiente, sino que también presenta desafíos económicos debido a la volatilidad de los precios del petróleo y sus derivados en mercados internacionales.

Históricamente, las políticas públicas en Chile han favorecido el uso de combustibles fósiles mediante subsidios indirectos, lo que ha dificultado la transición hacia fuentes de energía más limpias. La falta de aplicación de impuestos verdes en el consumo de diésel y otros hidrocarburos, que integren los costos sociales y ambientales inherentes, ha limitado la adopción de tecnologías basadas en fuentes renovables. Esta distorsión en el mercado ha frenado la inversión en proyectos de generación, almacenamiento y distribución de energía con una fuerte participación de opciones más amigables con el medioambiente.

Sin embargo, Chile está en un punto de inflexión. La competitividad de las energías renovables, como la solar y la eólica, ha crecido de manera exponencial, permitiendo la posibilidad real de descarbonizar nuestra matriz energética. Más aún, el país cuenta con condiciones privilegiadas para convertirse en un líder mundial en la producción de hidrógeno renovable, una industria emergente que podría posicionar a nuestro país como un exportador clave de energía limpia.

Para lograr esta transición, es fundamental que se desarrollen políticas públicas que incentiven de manera decidida la innovación. La implementación de impuestos verdes a los hidrocarburos es una herramienta clave para reflejar el verdadero costo ambiental de su uso. Al mismo tiempo, se requiere un marco regulatorio que promueva la inversión en tecnologías limpias y elimine las barreras que hoy dificultan su adopción. Pero la acción gubernamental por sí sola no basta: la sociedad también debe asumir un rol activo, exigiendo cambios estructurales y adoptando hábitos de consumo más sostenibles.

Chile tiene ante sí una oportunidad histórica. No se trata solo de mitigar el cambio climático, sino de construir un modelo de desarrollo basado en la independencia energética, la sustentabilidad y la innovación. Es el momento de mirar hacia adelante, hacia la era posfósil y apostar por un modelo energético que beneficie al medioambiente, la sociedad y la economía.

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