Organizado por la Dirección de Género, la Secretaría General y la carrera de Derecho de la UCT, el encuentro generó un espacio de diálogo y formación sobre violencia de género, educación no sexista y los marcos normativos vigentes en Chile.
En el marco del 8M, expertas y autoridades regionales se reunieron en la Universidad Católica de Temuco (UCT) para reafirmar su compromiso con la equidad de género en la educación superior.
En este sentido, la Rectora de la UCT, Marcela Momberg, reafirmó el compromiso institucional con la equidad y las políticas de género, destacando los avances desde la implementación de la Política de Género en 2019.
“Es importante generar los consensos para poder avanzar con las distintas convicciones, con la finalidad de que tengamos una sociedad más justa e igualitaria que nos permita reconocernos a todos y a todas con nuestras diferencias”, agregó.
Desafíos
Desde la entrada en vigencia de la Ley 21.369 en 2021, que regula la prevención, investigación y sanción del acoso sexual y la violencia de género en la educación superior, las instituciones han debido implementar modelos de prevención y sanción en un plazo máximo de un año. Sin embargo, su aplicación aún presenta desafíos.
Al respecto, la Dra. Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, advirtió que “la ley establece un marco normativo, pero su aplicación aún enfrenta barreras en la práctica, lo que impacta en la protección de los derechos de las víctimas”. Casas también hizo hincapié en la importancia de una articulación efectiva entre las instituciones de educación superior y el sistema judicial, asegurando que la aplicación de la ley responda a los principios de protección y reparación para quienes han sido afectados por violencia de género.
El seminario también incluyó un análisis de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Al respecto, la expositora Tania Zurita, magistrada del Juzgado de Familia de Temuco, explicó aspectos de la norma en relación a la prevención, acceso a la justicia y protección de las víctimas, además de contemplar sus desafíos de implementación. “La acción de los tribunales de familia es más rápida, expedita y eficaz, puesto que debe tomar obligatoriamente el juez conocimiento de la causa y otorgar medidas cautelares en caso de riesgo”, indicó. La jueza destacó la necesidad de abordar transversalmente los casos de retractación en violencia intrafamiliar, garantizando los principios y obligaciones de la ley, así como mejorando la comunicación interinstitucional.
Por su parte, el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, subrayó la importancia de aplicar nuevas herramientas, como la inteligencia artificial, en la lucha contra la violencia de género. “Desde la fiscalía tenemos que ajustar nuestros criterios, cumplir con los principios de la legislación y utilizar herramientas como la inteligencia artificial para que nuestras investigaciones y decisiones comprendan efectivamente los intereses de la víctima”, declaró.
Con el uso de las nuevas tecnologías y el actual contexto del país, el fiscal regional enfatizó la relevancia de formar profesionales con conciencia sobre la violencia de género.
Equipo Prensa
Portal Educa
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