Camila Castro Directora Carrera de Contador Auditor Universidad de Las Américas
Con la proximidad de las Fiestas Patrias, el debate sobre la obligatoriedad del aguinaldo vuelve a estar presente en la agenda laboral. En Chile, la normativa distingue claramente entre el sector público y el privado respecto de este beneficio.
En el sector público, el aguinaldo está consagrado en la Ley de Presupuestos de cada año, lo que garantiza su pago a los funcionarios del Estado. El monto se determina en función de los tramos de ingreso y se reajusta anualmente. De esta manera, su carácter obligatorio no se encuentra en discusión, siendo un derecho adquirido por la totalidad de los trabajadores del aparato estatal.
En el sector privado, en cambio, la legislación laboral chilena no establece una obligación general de pago de aguinaldo. No obstante, existen tres situaciones en las que dicho beneficio se torna exigible: (i) cuando está incorporado expresamente en el contrato individual de trabajo, (ii) cuando forma parte de un contrato colectivo o convenio colectivo vigente, y (iii) cuando su otorgamiento se ha repetido de manera continua y uniforme en el tiempo, configurando lo que en derecho se denomina cláusula tácita. En todos estos escenarios, el empleador debe respetar su pago, ya que se transforma en una condición laboral incorporada al contrato.
Desde una perspectiva práctica, gran parte de las empresas privadas otorgan este beneficio aun cuando no estén legalmente obligadas, utilizándolo como herramienta de reconocimiento y de fortalecimiento del clima de trabajo. Ello adquiere especial relevancia considerando que septiembre suele implicar un incremento en los gastos familiares derivados de las celebraciones nacionales.
El aguinaldo de Fiestas Patrias cumple una doble función: constituye un alivio financiero para los trabajadores, y representa un símbolo de valoración por parte de los empleadores. Aunque en el ámbito privado su obligatoriedad depende de lo pactado o de la práctica reiterada, resulta recomendable que las organizaciones lo consideren como una inversión en capital humano.
En un contexto de presiones económicas crecientes, este gesto trasciende lo monetario y fortalece la cohesión laboral, contribuyendo a relaciones de trabajo más justas y sostenibles.
Equipo Prensa
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