José Manuel Medina Académico Investigador, Facultad de Educación Universidad de Las Américas
Hoy se discute un proyecto de ley que busca mejorar la formación inicial docente en nuestro país a partir de nuevas exigencias para la admisión. Esta iniciativa llega en buen momento: entre 2018 y 2022, la matrícula en pedagogías disminuyó un 43 %, y si continua esta tendencia, en 2030 podríamos enfrentar un déficit de más de 33.000 profesores.
Este no es un dato menor. En educación básica se prevé una escasez de aproximadamente 8.000 docentes, y esto se agrava cuando hablamos de educación especial, un área clave para atender la diversidad en las aulas. Hoy, una población estimada de 310.000 personas con necesidades educativas especiales en enseñanza básica, recibe apoyo gracias a los programas de integración escolar. Entonces, ¿quién acompañará a los niños que requieren ayuda si no hay profesores? ¿quién sostendrá el compromiso con la inclusión cuando falte el recurso humano más esencial?
No se trata solo de requisitos de ingreso a la pedagogía, sino también de formar profesores con una robusta preparación pedagógica, vocación y compromiso social, base sobre la cual se resguarda el derecho de todos a una educación inclusiva y equitativa, lo que implica, además, valorar su rol formador en la sociedad y en salas de clases cada vez más diversas.
El escenario futuro es preocupante y el desafío está planteado. No basta con debatir cifras: hay rostros, historias y futuros en juego. Cada vacante sin cubrir es una puerta cerrada para cientos de estudiantes. Sin profesores suficientes, con talento, vocación y sensibles a la diversidad, la inclusión se convierte en un eslogan vacío. Postergar esta urgencia es permitir que crezca una generación marcada por la desigualdad desde el aula.
Equipo Prensa
Portal Educa
