- Aproximadamente el 33% de la matrícula presenta inasistencia grave. Experta menciona cómo el incumplimiento parental puede acarrear sanciones penales y afectar la custodia de los menores.
Cifras oficiales del Ministerio de Educación indican que, a septiembre de 2024, cerca de 848.000 escolares presentaron “inasistencia grave”, representando casi un tercio de la matrícula, mientras que 47.500 alumnos han “abandonado” sus estudios entre 2023 y 2024.
La Ley afirma que el deber de los padres de garantizar la asistencia escolar, se erige como un pilar esencial para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, obligación que trasciende el llevarlos al colegio diariamente. Este deber legal, implica fomentar y supervisar activamente la participación en el proceso educativo, garantizando así el desarrollo académico y personal de los niños. La omisión de este compromiso, no solo afecta el derecho a la educación, sino que puede derivar en serias consecuencias legales, al desestabilizar el núcleo y poner en riesgo el cuidado personal de los hijos.
“En Chile la negligencia parental, que incluye la falta de supervisión en la educación de los hijos, es considerada una forma de maltrato infantil. Un niño, niña o adolescente no abandona la educación, lo que hay es una exclusión de la educación”, señala Natalia Reyes, abogada experta en derecho de familia y mediadora familiar.
Por otra parte, el incumplimiento reiterado de estas obligaciones puede derivar en sanciones legales y en procesos judiciales por negligencia parental. La inasistencia prolongada podría activar medidas de protección destinados a proteger el derecho a la educación, lo que incluso podría derivar en perder el cuidado personal del hijo o hija.
“Nuestra legislación lo que busca es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, por lo que la medida de protección puede ir desde fortalecer las habilidades parentales hasta la pérdida del cuidado personal”, enfatiza Natalia Reyes.
Ante este panorama, autoridades y especialistas hacen un llamado a la acción coordinada entre los sectores educativo y judicial, para fortalecer el compromiso parental y evitar que la crisis actual se traduzca en sanciones penales, protegiendo así los derechos fundamentales de los niños y la estabilidad del entorno.
“Las sanciones podrían ser: la pérdida de la patria potestad, la suspensión de su ejercicio y la pérdida o suspensión del cuidado personal, además de reclusión menor en su grado medio y multa de 4 unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio de las facultades de la administración del Estado, que puedan ejercer los órganos especializados de la niñez y la infancia”, señaló.
Equipo Prensa
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