En el modelo económico ideal, ese que uno imagina en un seminario de teoría con el pizarrón impecable, no existe la cotización obligatoria en el sistema de pensiones. Los individuos perfectamente racionales suavizan su consumo a lo largo del ciclo de vida, ahorran lo necesario durante su etapa activa y llegan a la jubilación con los recursos suficientes para financiar el estándar de vida que eligieron. Si eso implica vivir un poco peor en la vejez, no hay problema, porque esa caída ya estaba anticipada en sus decisiones. En ese mundo, el sistema previsional no tiene rol.
Chile, como casi todos los países, decidió no confiar en ese ideal. Pero consistente con un espíritu libertario, crea el sistema de capitalización con una tasa mínima de ahorro del 10%. Se entiende que sí hay procrastinación y una tendencia persistente a sobrevalorar el presente. El problema no es la oferta de instrumentos de largo plazo, sino el comportamiento. El 10% es un acto de paternalismo mínimo que no eliminaba la libertad.
Pero rápidamente aparece un segundo problema. Ese 10% no alcanza para sostener el estándar de vida que apuntan en la vejez. Entonces surge el APV, que en principio devuelve el sistema a su lógica original. Si usted quiere una mejor pensión, ahorre más. Sin embargo, pronto vemos que estamos pidiendo a los mismos individuos que antes no ahorrarían lo suficiente, que ahora sí lo hagan voluntariamente. La solución es introducir incentivos tributarios diferenciados. El APV A subsidia en un 15% ahorro de ingresos medios y bajos. El APV B descuenta las tasas marginales de impuestos más altas y funciona como un auto seguro de desempleo si se hacen retiros en tiempos de bajos ingresos, penalizando el uso no previsional. El Estado vuelve a intervenir, pero sólo persuadiendo. La ironía se profundiza cuando miramos el uso efectivo del instrumento.
Desde la economía positiva, la discusión es sobre causalidad, cómo responden las personas a estos incentivos. Por ejemplo, si el ahorro obligatorio desplaza el voluntario (la evidencia sugiere que el desplazamiento es parcial). Estudia cómo las personas parecen no optimizar perfectamente, pero tampoco ignoran completamente los incentivos. Intentando dejar la ideología de lado.
La economía normativa enfrenta la pregunta más incómoda. Incluso si el sistema aumenta el ahorro, qué nivel de desigualdad en el bienestar durante la vejez estamos dispuestos a aceptar. Un sistema basado en decisiones individuales, incluso con correcciones conductuales, inevitablemente genera dispersiones importantes en resultados. Algunos llegarán a la jubilación con niveles de consumo cercanos a los que decían apostar, ajustando por las condiciones económicas durante su vida, y otros no. Y esa diferencia no siempre reflejará preferencias, sino también errores, información imperfecta o simplemente mala suerte.
Ahí está la paradoja. Pudiendo avanzar hacía un mundo sin intervención, introdujimos una obligación a ahorrar y luego incentivos porque no bastaba. Terminamos con un sistema imperfecto, como el de pensiones en Chile hoy. Y desde ahí reaparece la discusión ideológica de cuánto espacio dejar a la libertad individual y cuánto al Estado.
Equipo Prensa
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