Daniel Montalva, Decano de la Facultad de Derecho Universidad de Las Américas
La idea que hemos escuchado estos últimos días de reemplazar feriados por vacaciones, debido a lo extensa de las celebraciones de las fiestas patrias, especialmente este año, no es nueva. Sólo a modo de ejemplo podemos recordar que en 2017 la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas analizaba proyectos de ley refundidos que proponían aumentar a veinte los días de vacaciones y a la vez eliminar determinados feriados.
En abstracto parece un avance importante, ya que evita, por un lado, el cierre de servicios del Estado en días feriados, con los costos y complejidades que esto significa, y por otro, a los trabajadores y las empresas les permite una mejor planificación, favoreciendo la salud mental, la vida familiar y el aumento de la producción.
Sin embargo, es necesario tener en consideración ciertos antecedentes que hicieron que la iniciativa de 2017 lleve casi siete años sin mayores avances en su tramitación.
El primer antecedente que salta a la vista es como se designan los 5 feriados que serán eliminados, ya que cada uno de ellos son parte de nuestra idiosincrasia y tienen un valor especial para diversos grupos. Así, por ejemplo, parecería lógico no eliminar alguno de los feriados irrenunciables como el 1 de enero, 1 de mayo, Fiestas Patrias y Navidad. Tampoco tendría mucho apoyo la eliminación del 21 de mayo, o que los católicos estén de acuerdo con terminar con feriados religiosos, lo mismo que podría suceder con los evangélicos y protestantes con el 31 de octubre por el que tanto lucharon.
Aún más, de ser posible un acuerdo nacional en materia de eliminación de feriados, ¿Qué garantiza que no se creen nuevos feriados a futuro? Esto es especialmente relevante considerando que hay más de una docena de propuestas legales de feriados entre generales y específicos ingresados a tramitación en el Congreso sólo en los últimos 5 años. Si bien son bastante menos que los que se tramitaban en 2017, siguen siendo muchos considerando la gran cantidad que actualmente tenemos en nuestro país.
Si bien se podría estimar que todos los trabajadores y las empresas desean más vacaciones y menos feriados, esto no es así para un porcentaje importante de personas que no tienen derecho a vacaciones y que los feriados son su único descanso, como es el caso de los independientes, por obra, faena o a plazo, aquellos que llevan menos de un año trabajando y obviamente para los trabajadores informales. Para todos ellos los feriados son importantes días de descanso.
El aumento de vacaciones también genera complicaciones para las pequeñas y medianas empresas, las que generalmente no tienen recursos humanos suficientes para establecer turnos, por lo que, a mayor número de vacaciones, necesariamente aumentarán sus costos al tener que contratar reemplazos. Esto es especialmente importante para el comercio y el turismo, ya que los feriados no denominados irrenunciables, son una importante fuente de ingreso, tal como pudimos apreciar en estos últimos días en que celebramos nuestras Fiestas Patrias.
A su vez, no es posible analizar este proyecto de ley en abstracto, sin considerar el contexto económico actual y la necesidad de avanzar en mayores medidas que impulsen la productividad. Además, se debe tener presente las regulaciones laborales aún en tramitación o en implementación, como, por ejemplo, la reducción de la jornada a 40 horas.
Si bien es una medida que a todas luces parece lógica al favorecer a la ciudadanía, empresas y trabajadores, requiere de mayor análisis sobre sus posibles beneficios y costos, para avanzar previamente o a lo menos en paralelo, en otras definiciones, como la agenda laboral que permita un mejor equilibrio entre trabajo, vida privada y adaptabilidad a los cambios tecnológicos; con una agenda económica que impulse la productividad; y con definiciones en materia de feriados, como la realización de elecciones en dos días o la continua presentación de feriados regionales o locales.
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