Estimado Director:
En un llamado directo al gobierno y al Congreso, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior (Conatuch) exigió que las comunidades universitarias sean incluidas en los procesos de modernización del sistema, en especial en lo relativo al uso de fondos públicos que reciben las universidades privadas.
La demanda se formalizó durante el Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Universidades Privadas, realizado el jueves 19 de junio en la Universidad del Desarrollo, y que contó con la participación del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. La Conatuch —que agrupa sindicatos y asociaciones de funcionarios de instituciones de la Red G9 y otras privadas fuera del CRUCH— abordó en la instancia diversas problemáticas que afectan al sector, incluyendo la eliminación en 2021 de los Bonos de Navidad y Fiestas Patrias, así como modificaciones en asignaciones al Aporte Basal que afectaron directamente a las y los trabajadores.
Según Osvaldo León vocero de la coordinadora y presidente del Sindicato Interempresa n° 1 de Trabajadores de la PUCV, “la eliminación de los bonos fue parte de una política general de la administración anterior de no reconocer como interlocutores a los trabajadores ni a las universidades del G9”. Añadió que el actual gobierno se ha comprometido a revertir parcialmente esta situación a través de un aumento del Aporte Basal por Desempeño, que permitiría recuperar gradualmente los beneficios eliminados.
En el encuentro, el subsecretario Orellana destacó la voluntad del Ejecutivo por mantener un diálogo constante con las distintas actorías del sistema: “Estamos desarrollando un trabajo técnico para abordar, de manera conjunta, las necesidades tanto de las instituciones como de sus trabajadores y trabajadoras, considerando los instrumentos con los que contamos”.
Junto con estas demandas, la Conatuch manifestó su preocupación por el debate público y parlamentario en torno a la regulación de aranceles en la educación superior. “Durante las últimas semanas hemos visto un desfile de rectores de universidades privadas en medios de comunicación y en el Congreso, alegando que una regulación pondría en riesgo la calidad de las instituciones. Sin embargo, omiten el hecho de que en los últimos 15 años los aranceles han subido más del 40% (por sobre el costo de la vida), y que el país ya dio esta discusión cuando se creó la ley de educación superior y la gratuidad, y se definió un mecanismo serio y transparente para determinar estos valores regulados”, señalaron.
Asimismo, cuestionaron la forma en que se interpreta el concepto de autonomía universitaria. “Autoridades que hablan en nombre de las instituciones no han sido elegidas por sus comunidades. Académicos, trabajadores y estudiantes no estamos considerados en los debates, a pesar de ser parte fundamental de los procesos formativos. ¿De quién es entonces la autonomía: de los dueños o de las comunidades educativas?”, agregaron.
Finalmente, la coordinadora anunció que se desplegará a nivel nacional y en el Congreso para exigir ser parte activa en los cambios prometidos por el gobierno. “No queremos decidir sobre el patrimonio privado, pero sí velar por el uso adecuado de los recursos públicos que estas instituciones reciben mediante la gratuidad, el CAE u otros instrumentos de financiamiento”, indicaron.
Equipo Prensa
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