Flavio Maino e Isidora Bravo, Académicos Carrera de Traducción e Interpretación en Inglés, Universidad de Las Américas
Durante el actual gobierno estadounidense, el acceso a servicios lingüísticos se ha visto amenazado debido a la orden ejecutiva que establece al inglés como el idioma oficial de EE.UU., firmada por el presidente Donald Trump. Esta decisión está teniendo repercusiones directas en las instituciones públicas del país, las cuales no se verán obligadas a poner a disposición de los usuarios material en su lengua materna (distinta al inglés) u ofrecer servicios de traducción en caso de ser necesarios.
Esta medida ha tenido diversas repercusiones en distintas instituciones de Estados Unidos, como ocurre en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Dicho organismo ha instruido a los funcionarios a terminar llamadas que provengan de hablantes que no demuestren fluidez en la lengua inglesa, según un reporte entregado por el medio norteamericano Goverment Excecutive. Lo anterior también se ve evidenciado al ingresar a la página para personas con bajo dominio de inglés del Departamento de Justicia, donde aparece un mensaje indicando que se han suspendido las operaciones del sitio para implementar la orden ejecutiva de Donald Trump y que se reemplazará el material cuando se provean nuevas orientaciones.
La necesidad de acceder a servicios lingüísticos en contextos judiciales, especialmente para personas migrantes, se ha abordado en la institucionalidad internacional como una garantía. La ONU establece en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que “Toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el juicio”. Junto con lo anterior, cabe destacar la suscripción de EE.UU. al Pacto de San José de Costa Rica, dentro del marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al igual que la ONU, esta instancia subraya el carácter esencial de la asesoría idiomática para cumplir con el debido proceso. A la fecha, 25 países han ratificado el Pacto de San José, incluyendo a Chile, sin embargo, Estados Unidos no lo ha hecho. Esto le permite pasar por alto principios básicos de la jurisprudencia internacional en esta materia, como se evidencia en las políticas que se han implementado durante el transcurso del presente año.
Este tipo de medidas afectan gravemente los derechos lingüísticos y el acceso a la justicia de la población migrante. Al restringir el acceso a intérpretes, asistencia legal y servicios de asilo, se vulnera el derecho de estas personas a comprender y participar en los procedimientos que las afectan. La especialista recalca que este tipo de acciones generan desconfianza en el sistema judicial y una percepción de inseguridad jurídica, lo que no solo sería un problema en Chile, sino en cualquier país en el que se vulneren estas garantías.
Equipo Prensa
Portal Educa
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