La baja natalidad en Chile dejó de ser una tendencia para convertirse en una urgencia. En 2024 se registraron cerca de 135 mil nacimientos, un 50% menos que en 1994, y la Tasa Global de Fecundidad cayó en 2025 a 0,97 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. Las proyecciones advierten un escenario de crecimiento natural negativo, con efectos sociales, económicos y educativos que marcarán a varias generaciones.
En este contexto, el debate sobre la Ley de Sala Cuna Universal resulta decisivo. Su sentido va más allá de ampliar cobertura: busca reconocer el cuidado y la educación temprana como un derecho, independiente de la condición laboral de las familias. Garantizar acceso desde los primeros meses de vida favorece la corresponsabilidad, reduce brechas de género y entrega un respaldo concreto a familias que hoy postergan la maternidad y paternidad por falta de apoyo estructural.
Las señales recientes son alentadoras. Pese a la baja natalidad, durante 2025 se observó un aumento sostenido en la asistencia a la Educación Parvularia y al nivel sala cuna. Entre marzo y julio, la asistencia superó a la del año anterior, con alzas de hasta 6% en mayo. En julio, históricamente crítico, se alcanzó cerca del 79% de asistencia, la más alta de los últimos cinco años.
Este aumento también invita a mirar con atención la calidad. Para las familias, una buena sala cuna es aquella donde saben que sus hijos e hijas están bien cuidados, acompañados por equipos cariñosos y preparados, en espacios seguros, limpios y estimulantes. Es importante que exista un proyecto educativo que valore el juego, los vínculos y el bienestar, con adultos suficientes e idóneos para la educación de cada lactante, protocolos claros de salud y una comunicación abierta y permanente con madres, padres y cuidadores. Son estas condiciones las que entregan tranquilidad, generan confianza y hacen posible que la asistencia sea sostenida.
La Sala Cuna Universal puede convertirse en una respuesta significativa frente a la baja natalidad si se concibe y desarrolla con estándares exigentes, financiamiento suficiente y responsable, con mecanismos de fiscalización efectivos. Avanzar en esta dirección requiere una mirada compartida y de largo plazo, donde invertir en educación inicial de calidad se entienda no solo como una garantía de derechos para la infancia, sino también como un apoyo concreto a las familias y una base sólida para construir una sociedad y un país más equitativo desde el inicio de la vida.
Equipo Prensa
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