- La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) constituye uno de los avances más relevantes de Chile en materia de gestión de residuos y economía circular. Al exigir que los productores asuman la responsabilidad por los impactos ambientales de sus productos una vez convertidos en desechos, la ley ha impulsado mejoras en reciclaje, valorización de materiales y reducción de la presión sobre rellenos sanitarios. No obstante, su efectividad práctica también depende de cómo se articulan los incentivos cotidianos que enfrentan los consumidores, especialmente en el punto de compra.
Un ejemplo elocuente se observa en los supermercados y en la venta de bebidas gaseosas. La Ley REP invita a reflexionar sobre dos modelos: envases desechables y retornables. Ambientalmente, la diferencia es sustancial. Las primeras, usualmente de PET, requieren elevados consumos de energía y agua en su fabricación y generan emisiones relevantes a lo largo de su ciclo de vida. Aunque técnicamente reciclables, las tasas reales de retorno al ciclo productivo siguen siendo insuficientes, contribuyendo a la contaminación por plásticos. En contraste, las botellas retornables están diseñadas para múltiples ciclos de uso, lo que reduce significativamente la demanda de materias primas y la huella ambiental por litro de bebida consumida, alineándose mejor con los principios de la nueva normativa.
Sin embargo, la decisión de compra no se define solo por criterios ambientales. Desde la perspectiva económica del consumidor, el precio inmediato es determinante. En la práctica, muchas cadenas de supermercados ofrecen promociones agresivas en bebidas en envases desechables, mientras que las alternativas retornables carecen de descuentos equivalentes. Esta asimetría genera un incentivo contrario a la sustentabilidad: optar por el envase desechable suele ser más barato en el corto plazo, aun cuando su costo ambiental sea mayor.
Este fenómeno revela una desconexión entre la política pública y los incentivos de mercado. Los costos ambientales no están plenamente internalizados en el precio, y el beneficio ecológico de elegir retornables no se traduce en una ventaja económica clara para el consumidor. La Ley REP entrega el marco para corregir esta brecha, pero su éxito requiere coherencia entre regulación, estrategias comerciales y comunicación efectiva que permitan transformar percepciones y hábitos de compra. Solo así el acto cotidiano de comprar una bebida podrá transformarse en una decisión informada, donde el ahorro económico y la responsabilidad ambiental dejen de estar en tensión.
Equipo Prensa
Portal Educa
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