Por: Por Gabriel Valenzuela, director ejecutivo de la Fundación Felipe Camiroaga
En Chile, más de 50.000 niños y niñas han sido diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) asisten a establecimientos educacionales, enfrentando una realidad compleja: la falta de preparación del sistema para responder a sus necesidades. La reciente noticia que alerta sobre la falta de capacitación de los colegios en este ámbito no solo expone un problema estructural, sino que también nos recuerda que la inclusión no puede quedarse en el discurso.
Si bien la Ley de Autismo, en vigencia desde marzo de 2024, establece el derecho a la educación de estos estudiantes y sanciona la discriminación, la realidad en las aulas demuestra que aún queda un largo camino por recorrer. Los docentes están siendo desafiados a atender una diversidad para la que no fueron formados, generando frustración tanto en ellos como en los propios niños y sus familias. Es urgente que las políticas públicas vayan más allá del papel y aseguren capacitaciones, recursos y acompañamiento real para que la inclusión sea efectiva.
La educación de los niños y niñas con TEA no puede depender únicamente del compromiso de los docentes o las familias. Requiere un esfuerzo articulado de la sociedad en su conjunto, donde las comunidades escolares, las instituciones y el Estado trabajen juntos para generar espacios de aprendizaje adaptativos y efectivos. Es fundamental que las estrategias de inclusión no se queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones concretas que garanticen el derecho a una educación de calidad para todos.
No podemos seguir permitiendo que la inclusión sea solo una buena intención sin respaldo real. Si como sociedad hemos decidido avanzar en el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas con TEA, debemos garantizar que cada escuela y cada docente cuente con las herramientas necesarias para hacerlo posible. La educación es la base de una sociedad más equitativa, y no podemos darnos el lujo de fallarles a quienes más nos necesitan.