Ayer un periódico nacional se refirió al aumento de las huelgas en colegios particulares de la capital, manifestando preocupación por los alumnos que “quedan sin clases” debido a estos procesos. Al respecto, releva el derecho de los estudiantes a una educación “continua y sin interrupciones”, y apunta a un supuesto deber de la legislación laboral de contemplar las particularidades del servicio educativo en este sentido, recordándonos la propuesta que en abril presentaron senadores de la UDI para establecerlo como un servicio esencial, limitando en gran medida el derecho a huelga de quienes trabajamos en el rubro.

 

Sobre esto, es importantísimo recordar que el derecho a huelga constituye un derecho fundamental, cuyo ejercicio debe garantizarse en el sector privado, con pequeñas limitaciones en casos muy excepcionales debido a graves daños a la salud, la economía, el abastecimiento o la seguridad nacional, que podría ocasionar la paralización de actividades en algún servicio. ¿Es la educación uno de estos casos? No. 

 

Si de todas formas se arguye la necesidad de proteger el derecho a la educación de los alumnos, ¿se ve éste vulnerado en caso de huelga? Tampoco: las clases que se pierden si se paralizan las labores en un colegio, se recuperan después, igual como cuando se suspenden por condiciones meteorológicas, por ejemplo.

 

Evidentemente, esa educación debería ser continua, pero quien tiene la responsabilidad de garantizarlo no es la legislación laboral sino el sostenedor. Para evitar que la reciente ola de huelgas en colegios particulares siga creciendo, es deseable, entonces, que se revisen las prácticas de estos sostenedores en las negociaciones colectivas que han desencadenado paralización de actividades.

 

Por último, si la legislación laboral quiere colaborar en esto, sería más eficiente que lo hiciera garantizando mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación, y restringiendo las facultades que los sostenedores tienen en las relaciones laborales en general y en la negociación colectiva en particular, pues es lo que dificulta poder llegar a acuerdos que finalmente benefician a toda la comunidad escolar.

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Equipo Prensa
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