A propósito de las recientes noticias que dan cuenta de funcionarios públicos que han salido del país mientras se encontraban con licencia médica, es necesario revisar algunos aspectos que se encuentran detrás de esta situación y que dan cuenta de la necesidad de revisar y actualizar algunos procedimientos que atañen a estos trabajadores.
Si bien es importante sancionar a quienes haya que sancionar, no se debe generalizar ni presumir de antemano la culpabilidad de todos los funcionarios. Ese análisis se debe efectuar de acuerdo a un proceso legalmente tramitado, al cual todas las personas tienen derecho.
El procedimiento contemplado en el estatuto para poder destituir a un funcionario es un proceso disciplinario que se inicia para determinar si existe algún grado de responsabilidad. Contempla la realización de una investigación sumaria, o un sumario administrativo, los cuales son instruidos por los jefes del servicio.
Respecto a las falencias de dicho procedimiento, se advierte que los actuales sumarios administrativos tienen similitudes con el antiguo sistema de enjuiciamiento inquisitivo, el cual ha sido cuestionado, y en donde es el mismo juez quien investiga, acusa y dicta sentencia.
Cabe entonces preguntarse si debiesen existir tribunales especializados en conocer de estos asuntos, que garanticen un procedimiento adecuado y coherente con las necesidades actuales y que vele por la debida defensa de los funcionarios públicos, pero que también permita destituirlos cuando corresponda.
El análisis no solamente hay que efectuarlo respecto del procedimiento sumario, que se aplica a los funcionarios de planta, sino que también respecto de los que se desempeñan a honorarios y a contrata, ya que carecen de certezas en muchos ámbitos, como, por ejemplo, si pueden invocar normas del Código del Trabajo que les beneficien, o respecto a la confianza legítima.
Si queremos mejorar el funcionamiento de nuestros servicios públicos es preciso modernizar la función pública para que sea eficiente. Esto no pasa únicamente por tener una oficina de partes digital o utilizar inteligencia artificial, va mucho más allá y es una tarea que en gran medida recae en el poder legislativo.
Equipo Prensa
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