En el estudio se identificaron patrones como “la captación mediante engaños con promesas de empleo o cuidado; la explotación sexual como principal finalidad del delito; la hipersexualización y racialización de niñas afrodescendientes y haitianas, junto con la ubicación en barrios segregados y vulnerables, donde las redes criminales operan con mayor impunidad; y la falta de identificación oportuna por parte de funcionarios, lo que impide activar protocolos de protección”.
La académica investigadora de la Facultad de Derecho de UDLA Sede Viña del Mar, Dra. María Lorena Rossel, publicó en la European Public & Social Innovation Review el artículo titulado “Género, migración y violencia: la trata de niñas en el siglo XXI desde los estándares internacionales y la situación en Chile”.
El estudio analizó la relación entre migración, pobreza, segregación y trata infantil en nuestro país, evaluando el cumplimiento del Estado con los estándares internacionales. Junto con ello, buscó identificar factores socioeconómicos que aumentan la vulnerabilidad, evaluar la respuesta jurídica e institucional y proponer lineamientos para políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos.
La investigación usó una metodología jurídico-dogmática, que consiste en analizar el derecho tal como está escrito (leyes, normas y principios), y la complementó con una revisión de estudios de otras disciplinas, informes institucionales y datos recientes. Gracias a este enfoque, se identificaron factores sociales que aumentan la vulnerabilidad de niñas migrantes, especialmente de aquellas que están en situación irregular y no acompañadas.
Entre los hallazgos del estudio, se identificaron patrones como “la captación mediante engaños con promesas de empleo o cuidado; la explotación sexual como principal finalidad del delito; la hipersexualización y racialización de niñas migrantes, junto con la ubicación en barrios segregados y vulnerables, donde las redes criminales operan con mayor impunidad; y la falta de identificación oportuna por parte de funcionarios, lo que impide activar protocolos de protección”, explicó Rossel.
Según cifras citadas en el artículo, entre 2011 y 2022 el 74,5 % de las investigaciones por trata de personas en Chile correspondieron a mujeres, y más del 16 % de las víctimas eran menores de edad. Además, un 21 % de los hogares migrantes vive en hacinamiento, frente a un 6,7 % en el caso de hogares nacionales.
“La trata de niñas migrantes constituye una de las formas más graves de violencia estructural en el siglo XXI. La migración forzada, la pobreza y la exclusión urbana crean entornos altamente vulnerables para niñas desplazadas, y Chile, como país receptor, no está ajeno a esta realidad”, sostuvo la Dra. Rossel, quien explicó que el análisis crítico del ordenamiento jurídico nacional consideró la Ley 20.507 sobre trata de personas y la Ley 21.325 sobre migración, contrastándolas con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los marcos normativos de Naciones Unidas y la Unión Europea.
Pese a contar con legislación formalmente adecuada, el estudio evidenció “brechas significativas en la implementación de políticas públicas con enfoque de género e infancia, especialmente en lo que respecta a niñas migrantes en situación irregular”, afirmó la académica, quien señaló que el diseño normativo y la práctica institucional siguen caminos disociados.
“Chile enfrenta una situación crítica. Aunque ha ratificado tratados internacionales y cuenta con legislación específica, la implementación es insuficiente y desarticulada, especialmente respecto de niñas migrantes en situación irregular. En comparación con otros países de la región, se muestra un déficit en la protección efectiva, una baja tasa de reconocimiento de solicitudes de refugio y una respuesta institucional que tiende a priorizar la seguridad fronteriza por sobre los derechos humanos”, comentó la académica, quien también mencionó la falta de coordinación, protocolos diferenciados y recursos especializados en la materia.
Como propuesta, la Dra. Rossel recomendó “implementar protocolos de identificación temprana con enfoque de niñez y género; fortalecer la formación de agentes estatales en derechos humanos y trata de personas; garantizar la regularización migratoria expedita para niñas y adolescentes; y promover políticas territoriales inclusivas que reduzcan la segregación y mejoren las condiciones de vida en zonas vulnerables”, entre otros.
En cuanto al rol de la ciudadanía, subrayó que “puede contribuir mediante campañas educativas, acompañamiento legal a las víctimas tanto en el proceso como con posterioridad a él y redes comunitarias que permitan detectar tempranamente situaciones de trata y apoyar a las víctimas”.
El artículo completo está disponible en: https://doi.org/10.31637/epsir-2025-2050.
Equipo Prensa
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