En tiempos convulsionados por el ejercicio de la violencia armada como estrategia de subyugación y poder entre países con intereses económicos, políticos e ideológicos en disputa, el mundo ha tendido a naturalizar los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos en contextos de guerra, tratándolos como daños colaterales esperables y, en consecuencia, como vidas que no importan.
La operación armada de Israel y Estados Unidos contra Irán en Oriente Medio, iniciada el 27 de febrero de 2026, vuelve a repetir esta historia, en que las tácticas de guerra incluyen el bombardeo de instalaciones civiles tratadas como objetivos militares. Así ocurrió con el ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, que provocó la muerte de 168 niñas, niños y adolescentes. Un escenario descarnado que hemos visto en otros conflictos armados, como el genocidio cometido por Israel en la Franja de Gaza, la invasión rusa a Ucrania, y las crisis e inestabilidades prolongadas en África y Asia, entre otras.
Según estimaciones de UNICEF, esta cruda realidad afecta a más de 473 millones de niñas y niños en todo el mundo, quienes viven o más bien sobreviven, marcados por el miedo, el hambre, la separación o pérdida de sus padres, la falta de servicios básicos y abrigo, la migración forzada y la exposición permanente al abuso y la violencia.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, promulgada en 1989, establece que la protección de sus derechos no es solo una interpelación política y moral, sino una obligación jurídica internacional. A su vez, el protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados del año 2010 establece además que los Estados deben protegerles, prohibir su reclutamiento forzoso, impedir que menores de 15 años participen directamente en hostilidades, adoptar medidas para su recuperación física y psicológica, procurando su reintegración social mediante el ejercicio de sus derechos a salud, educación, no ser separados de sus familias, entre algunos a mencionar.
Se cuenta además con la Declaración de Escuelas Seguras, promulgada el año 2015 y ratificada por Chile, que busca garantizar la continuidad de una educación segura para todos los niños y niñas en situación de conflictos armados.
Pese a contar con estos importantes instrumentos jurídicos, la realidad nos enseña que cuando la deshumanización se instala como táctica de guerra afectando a niñas y niños, ya no basta con los pactos escritos. Velar por su protección ya no es solo cuestión de un estado o territorio en específico, se convierte en una interpelación urgente a todos los países.
Roxana Zuleta Bravo.
Académica Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad Andrés Bello
Equipo Prensa
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