El nuevo informe Pensions at a Glance de la OCDE confirma que Chile logró un avance sustantivo en pensiones futuras. Las tasas de reemplazo proyectadas aumentan cerca de 20 puntos porcentuales y el país escala al lugar 19 entre 38 economías. Tras años de discusión política, técnica y social, las tasas de reemplazo estimadas para trabajadores formales de ingresos medios se acercan por primera vez al promedio del mundo desarrollado, dejando atrás una de las principales críticas históricas del sistema previsional chileno.
Este aumento se explica tanto por el mayor ahorro generado por la cotización del empleador como por nuevos beneficios redistributivos, entre ellos la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida y un seguro intrageneracional que favorece a jubilados con largas trayectorias de cotización pero menores ahorros al final de su vida activa. De este modo, se busca desconectar parcialmente las pensiones de los ahorros estrictamente individuales para compensar a generaciones que, por ejemplo, enfrentaron recesiones, desempleo y reempleo a salarios más bajos, reduciendo de forma permanente su capacidad de ahorro previsional. Es justo reconocer que el sistema político logró procesar una demanda social que parecía inabordable tras 2019: mejorar las condiciones financieras de los adultos mayores aun a costa de un mayor compromiso fiscal, endeudamiento implícito y una mayor presión sobre el presupuesto público futuro.
Informalidad y bajo impacto de los beneficios
Pero bajo el nuevo o el antiguo sistema, las pensiones dependen, en última instancia, de cuántos años se trabaja formalmente. La evidencia internacional es clara: en países con sistemas de pensiones mixtos como Portugal y Polonia, la informalidad alcanza sólo 6,7% y 8,6%, respectivamente. En Chile, en cambio, bordea el 27,5%. Con este nivel de informalidad, no es evidente que cambie el hecho de que la fuerza laboral en Chile cotiza apenas cerca de la mitad de su vida laboral, lo que limita el impacto real de cualquier aumento de las tasas de contribución, por alta que esta sea en el papel.
Desde esta perspectiva, el problema central ya no es solo el diseño del sistema, sino la estructura del mercado del trabajo. Mientras una fracción relevante de los trabajadores permanezca fuera del empleo formal, los avances previsionales seguirán teniendo un alcance limitado.
Necesidad de mayor productividad
La reforma supone que, si los trabajadores perciben que cotizar les da acceso efectivo a un “seguro social”, caerán el autoempleo y la informalidad, fortaleciendo el sistema. Sin embargo, no es evidente que el trabajador promedio internalice estos incentivos de largo plazo, a la luz de la evidencia en finanzas conductuales, miopía en el ahorro y alta rotación laboral. Este desafío es aún mayor cuando, en educación general y financiera, Chile sigue entre los peores de los mismos rankings internacionales que celebramos en materia previsional. Así, se prometen pensiones de país desarrollado con niveles de productividad que aún no lo son.
Si la productividad no sube y el mercado laboral no se formaliza, el sistema terminará beneficiando principalmente a quienes ya tienen trayectorias estables de cotización, con una distribución de subsidios que no necesariamente será progresiva.
Impulsar una nueva agenda laboral
Este vínculo entre empleo, estabilidad y protección social implica que no basta con mejorar las pensiones paramétricamente, también es clave que el Estado facilite activamente la creación de nuevos empleos formales, especialmente para jóvenes, mujeres y trabajadores de menor calificación.
Ello exige avanzar en contratos por hora que permitan compatibilizar formalidad con empleos de jornada parcial, reducir los costos de despido mediante un rediseño del seguro de cesantía para nuevos trabajadores y establecer devoluciones de impuestos a los cotizantes de menores ingresos, alineando mejor los incentivos entre trabajo formal, ahorro y protección social.
Sin una agenda laboral de este tipo, aun cuando Chile haya mejorado sus tasas futuras de reemplazo, el riesgo es terminar de nuevo con pensiones mejores en el papel, pero todavía “perfectibles” en la práctica. El avance previsional es real y merece ser reconocido. Pero su impacto final dependerá, en buena medida, de si el país logra resolver su viejo problema del empleo formal. Sin ese paso, el nuevo sistema corre el riesgo de volver a ser una fuente de frustración.
Jorge Sabat – académico Facultad de Economía y Negocios U. Andrés Bello
Equipo Prensa
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