Duele. No hay otra forma de decirlo. Desde el jueves 26 de marzo, la bencina de 93 octanos sube $370 por litro y el diésel $580. Para muchas familias chilenas, esto no es una estadística: es el presupuesto mensual que se reorganiza de golpe.
Pero antes de sucumbir al legítimo malestar, conviene hacer el ejercicio que pocas veces hacemos: poner en la balanza los costos de actuar hoy versus los costos de no haber actuado.
El ministro Quiroz lo sintetizó con crudeza: el precio del diésel subió 60% en solo tres semanas a nivel internacional, y la gasolina un 30%, producto de la guerra en Medio Oriente, el mayor shock petrolero desde los años 70. Chile no produce petróleo relevante. Somos precio-aceptantes en un mercado que no controlamos. Esa es la realidad.
Durante años, los mecanismos de estabilización —MEPCO y FEPP— funcionaron como amortiguadores. Útiles en shocks transitorios, se volvieron costosos ante shocks persistentes. Hoy el fisco enfrenta su mayor estrechez desde el retorno a la democracia: debe US$40 mil millones más que hace cuatro años, y los fondos de estabilización cayeron a menos de la mitad. Subsidiar los precios en este contexto tenía un precio: US$140 millones semanales. Insostenible.
No hay que minimizarlos. El alza del diésel no solo afecta a camiones: se dispersa por toda la economía, encareciendo alimentos, logística y servicios. El impacto inflacionario será concreto y golpeará con más fuerza a quienes menos tienen. Llenar un estanque de 50 litros de diésel pasa de costar $46.500 a $75.000.
Aquí está el núcleo del argumento. Seguir subsidiando habría profundizado el déficit fiscal, limitado la inversión pública en salud, educación e infraestructura, y acumulado una bomba de tiempo. El ministro Quiroz lo ilustró con claridad: lo que cuesta una semana de subsidio equivale a resolver la lista de espera oncológica del país, o reconstruir completamente las regiones afectadas por desastres. El subsidio no es gratis: tiene un costo de oportunidad enorme y regresivo.
El Gobierno no actuó a ciegas. Congeló tarifas del transporte público hasta diciembre, sin letra chica, tanto en Santiago como en regiones. Anunció subsidios a taxistas y un plan para mantener el precio de la parafina durante otoño e invierno, protegiendo a los hogares más vulnerables que dependen de ella para calefacción. Son medidas focalizadas: el enfoque correcto.
Los países que han postergado ajustes energéticos por razones políticas terminaron pagando costos mucho más altos: crisis de balanza de pagos, colapso fiscal o inflaciones incontrolables. Chile tiene instituciones sólidas que permiten absorber este shock con orden. Pero eso requiere honestidad: los precios deben reflejar la realidad. Proteger a los vulnerables sí; aislar a toda la economía de las señales del mercado, no.
Hoy duele. Mañana, haberlo evitado hubiera dolido mucho más.
Equipo Prensa
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