Dra. Karen Núñez, Directora Magíster en Docencia Universitaria, Universidad de Las Américas
Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. En un país marcado por más de una década de sequía y conflictos socioambientales, la fecha no es simbólica: es política. El agua dejó de ser un telón de fondo para convertirse en un eje de desarrollo, justicia territorial y gobernanza.
Sin embargo, el debate público suele oscilar entre la denuncia coyuntural y la respuesta técnica inmediata. Lo que permanece insuficientemente abordado es el papel de la educación en la construcción de una cultura de sostenibilidad. No se trata solo de transmitir contenidos sobre el ciclo hidrológico o el cambio climático, sino de formar capacidades críticas para comprender la complejidad ecológica, económica y social del recurso hídrico.
Educar para la sostenibilidad implica integrar saberes científicos con análisis normativo y ético: ¿quién decide sobre el uso del agua? ¿cómo se distribuyen sus costos y beneficios? ¿qué responsabilidades tienen los distintos actores productivos y el Estado? Estas preguntas no pueden quedar fuera del currículum escolar ni de la formación inicial docente.
En educación superior, el desafío es aún mayor. Las universidades forman a quienes diseñarán políticas públicas, gestionarán, liderarán empresas o enseñarán a futuras generaciones. Si la sostenibilidad se aborda como un módulo aislado —o como un sello declarativo—, se pierde la oportunidad de transversalizar competencias ecosociales en todas las disciplinas. Ingeniería, pedagogía, economía, derecho y salud, requieren incorporar la variable ambiental como criterio estructurante, no accesorio.
Esta crisis también tensiona nuestras prácticas institucionales. ¿Qué huella hídrica tienen nuestros campus? ¿cómo gestionamos el consumo, los residuos y la infraestructura? La coherencia entre discurso y práctica es condición de credibilidad formativa. No es posible promover ciudadanía ambiental sin revisar las propias lógicas organizacionales.
La educación para la sostenibilidad demanda, además, metodologías activas: aprendizaje basado en problemas territoriales, proyectos interdisciplinarios y vinculación con comunidades locales. La experiencia situada permite comprender que el agua no es solo un recurso natural, sino un bien común cuya gestión requiere cooperación y visión de largo plazo.
El 22 de marzo no debería reducirse a campañas de concientización. Es una oportunidad para interrogar el modelo de desarrollo que estamos enseñando —explícita o implícitamente— en nuestras instituciones educativas. Si aspiramos a sociedades resilientes frente a la crisis climática, la alfabetización ecológica debe dejar de ser optativa.
Educar para la sostenibilidad es formar sujetos capaces de deliberar informadamente sobre el futuro compartido. El agua nos recuerda que ese futuro es finito. La pregunta es si nuestras políticas educativas están a la altura de esa evidencia.
Equipo Prensa
Portal Educa
