El fortalecimiento de los controles carreteros implementados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) representa una política clave en la lucha contra la evasión y la informalidad en el transporte de carga. La Resolución Exenta SII N°110, de noviembre de 2024, fija la forma de hacer efectiva la fiscalización en los controles carreteros y móviles, obligando a los conductores de vehículos de transporte de carga a detenerse en puntos de control habilitados y a exhibir la guía de despacho, factura o boleta que ampare la movilización de los bienes.
Este marco normativo encuentra sustento directo en el artículo 97 N°17 del Código Tributario, que sanciona con multas de entre el 10 y el 200% de una unidad tributaria anual, e incluso hasta el 300% en casos de dolo o mercancías prohibidas, o la movilización de bienes sin la documentación tributaria exigida. La norma dispone, además, que el vehículo no podrá continuar hacia su destino mientras no se exhiba la documentación correspondiente, facultando al funcionario para recurrir al auxilio de la fuerza pública de ser necesario.
Desde una perspectiva académica, estas medidas constituyen un claro ejemplo de gobernanza tributaria orientada a la formalización económica. Su impacto trasciende lo recaudatorio al asegurar trazabilidad en el comercio, proteger la competencia leal y contribuir a la prevención de delitos asociados al contrabando.
A modo de ejemplo, desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025, en el control carretero de Angostura se han realizado 104.810 controles, lo que demuestra no solo la intensidad de la fiscalización, sino también el rol estratégico de este tipo de medidas en puntos neurálgicos de la logística nacional.
El desafío radica en mantener un equilibrio entre el control y la eficiencia logística. Un sistema demasiado rígido puede entorpecer el transporte formal, mientras que una fiscalización débil podría generar espacios para la evasión. En ese sentido, la Resolución N°110 debe entenderse como parte de una estrategia integral, que no solo resguarda los intereses fiscales, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y la equidad tributaria en Chile.
Equipo Prensa
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