Nicole Vargas, académica Carrera de Fonoaudiología UDLA Sede Viña del Mar
En Chile, el debate sobre el autismo ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en la infancia y la educación. La Ley 21.545 de 2023 y el auge de colectivos han impulsado una mayor visibilización. Sin embargo, ¿qué ocurre con los adolescentes y adultos autistas? Aún enfrentan barreras que los excluyen de la toma de decisiones y del activismo político. Es momento de ir más allá y garantizar su participación real en espacios donde se define el futuro de la sociedad.
La participación ciudadana es un derecho fundamental, pero para muchos jóvenes autistas sigue siendo una puerta cerrada. La falta de accesibilidad, la escasa representación y los estereotipos que minimizan su voz los mantienen al margen. La autodefensa y el activismo emergen como herramientas clave para cambiar esta realidad. Muchas personas autistas prefieren esta denominación, pues refuerza su identidad neurodivergente, postura respaldada por organizaciones como la Autistic Self Advocacy Network (ASAN) y el movimiento de la neurodiversidad.
En Chile, el activismo autista ha tomado fuerza. Movimientos como Grupo Espectral Chile han desafiado la visión médica tradicional, promoviendo la neurodiversidad. Las redes sociales han sido una plataforma clave para compartir experiencias y exigir cambios en educación, empleo y salud. Pero ¿es suficiente?
En nuestro país, la presión de colectivos permitió la promulgación de la ley en 2023, asegurando ajustes razonables y promoviendo la inclusión. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Las organizaciones que han incidido en debates sobre accesibilidad en educación superior y empleo han logrado avances, pero la política y la sociedad deben garantizar que esta participación sea efectiva. Es responsabilidad de los partidos políticos, las instituciones y el Estado abrir espacios accesibles, implementar ajustes razonables y fomentar liderazgos neurodivergentes.
Lograr una verdadera inclusión no es un gesto simbólico, sino un cambio estructural. La sociedad debe reconocer el derecho de las personas autistas a la autodeterminación y valorar su contribución en la construcción de un país más justo e inclusivo. Las instituciones no pueden ser espectadoras: deben garantizar que las voces autistas no solo sean escuchadas, sino también respetadas e integradas en la toma de decisiones. El futuro de la participación ciudadana en Chile debe ser, sin duda, neurodivergente.
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