Hugo Vera Beltrán
Académico de Derecho
Universidad Andrés Bello
En un estudio tan interesante como extenso realizado por UNICEF, a partir de un universo de más de 50.000 estudiantes encuestados, se estimó que la edad promedio de acceso al primer dispositivo móvil con conexión a internet es de 10 años. Además, entre quienes tienen acceso a redes, al menos un 30% pasa más de cinco horas diarias conectado a internet durante un día de semana cualquiera, cifra que aumenta considerablemente los fines de semana.
En este contexto, y considerando el crecimiento exponencial de usuarios de redes sociales y el tiempo que niños, niñas y adolescentes (NNA) dedican a estas plataformas, ha aumentado la cobertura informativa y el debate público sobre el rol que desempeñan en la vida infantil y, en particular, su impacto en el desarrollo cognitivo y relacional.
Así, según se ha informado en distintos medios, la Municipalidad de Lo Barnechea ha lanzado una iniciativa piloto llamada «Espacios libres de teléfonos», con la que busca regular el uso de celulares durante la jornada escolar en los establecimientos municipales de la comuna.
Este tipo de medidas pone de manifiesto la creciente preocupación respecto del uso y disponibilidad de teléfonos y otros dispositivos móviles dentro del aula y, en general, en todo el entorno educativo.
Tal inquietud se justifica plenamente en la experiencia diaria de docentes que enfrentan serias dificultades para captar y mantener la atención de sus estudiantes, así como en las diferencias de criterio entre padres o cuidadores respecto del uso de estas tecnologías. Además, se constata una clara incidencia en la calidad de la interacción entre estudiantes, con externalidades negativas como el ciberacoso o la difusión de imágenes manipuladas digitalmente (deepfakes).
La evidencia especializada sostiene con fuerza el impacto negativo que tiene la desregulación absoluta del uso de dispositivos móviles en el contexto escolar. Sin embargo, cuando se plantea su regulación, surgen tensiones entre propuestas que buscan limitar o restringir su uso y otras que promueven una prohibición total en entornos educativos.
Cabe señalar que el debate en torno al acceso a internet, a dispositivos móviles y al uso de redes sociales por parte de NNA está cobrando fuerza como una discusión pública transversal, que excede el ámbito escolar. Esto se debe a la creciente evidencia sobre su impacto en el desarrollo cognitivo, la exposición a riesgos, la formación de patrones adictivos y otros aspectos de salud pública.
En Chile, pese a ciertos signos de inquietud legislativa, aún no existe una regulación específica que aborde integralmente esta problemática. No obstante, actualmente se encuentra en plena tramitación el proyecto de ley contenido en el boletín N° 11.728-04, que propone modificar la Ley General de Educación con el objetivo de prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en los establecimientos educacionales.
Con todo, incluso sin una norma expresa, el marco legal vigente permite sustentar medidas de restricción. La Ley General de Educación establece principios que justifican tales regulaciones, especialmente: la búsqueda de los más altos estándares de calidad en cada etapa del proceso formativo, y la autonomía de los establecimientos para definir y desarrollar sus proyectos educativos. Toda medida en este sentido debe estar sustentada en una justificación pedagógica o disciplinaria clara, aplicarse de manera no discriminatoria, comunicarse adecuadamente a la comunidad educativa y prever mecanismos de evaluación e incentivos participativos.
Equipo Prensa
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