Tras la fiscalización del SERNAC, el llamado es claro: las instituciones deben asegurar un acceso transparente y sin costos indebidos a los certificados académicos. Algunas plataformas como Ucampus ya permiten avanzar en esa dirección.
Hace unas semanas, el SERNAC informó los resultados de una fiscalización a 111 instituciones de educación superior, donde detectó que muchas no informan adecuadamente sobre el acceso a certificados académicos o incluso exigen pagos por ellos. Esto contraviene lo establecido en la Ley Pro Consumidor, que exige a las instituciones entregar gratuitamente —y dentro de un plazo de diez días hábiles— certificados como los de estudios, notas, estado de deuda u otros análogos, incluso a quienes han suspendido sus estudios o están en situación de morosidad.
Sobre este tema, conversamos con Carolina González, directora nacional subrogante del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), quien recalcó la importancia de garantizar este derecho.
“Hay que tener en cuenta que muchos estudiantes requieren este tipo de certificados para distintos trámites, como postular a becas, empleos o programas de posgrado. Antes de la entrada en vigencia de la ley, obtenerlos implicaba un costo para las personas. En este contexto, las plataformas tecnológicas juegan un rol muy relevante, ya que permiten a las y los estudiantes acceder de forma más rápida y expedita a los documentos que necesitan”, señaló.
En este escenario, la digitalización de estos procesos se vuelve clave, no solo para cumplir con la normativa, sino también para facilitar una experiencia más ágil y transparente tanto para estudiantes como para los equipos administrativos.
Desde el Centro Tecnológico Ucampus de la Universidad de Chile han venido trabajando en esta línea. La plataforma permite que las instituciones que la utilizan ofrezcan a sus comunidades académicas un acceso rápido, seguro y sin costos a sus certificados, mediante una solicitud completamente en línea.
“Sabemos que detrás de cada certificado hay una necesidad concreta: postular a un trabajo, acceder a una beca o presentar antecedentes. Por eso, diseñamos una herramienta que permite a estudiantes y egresados acceder fácilmente a su documentación, sin trámites innecesarios ni barreras digitales”, explica Javier Villanueva, director de Ucampus.
Desde la experiencia estudiantil, este tipo de herramientas marca una diferencia tangible. Para Fernanda González, estudiante de Pedagogía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), el cambio ha sido notorio:
“Tuve que presentar un certificado de alumno regular para una práctica y lo pude descargar en menos de cinco minutos desde el portal. Fue muy fácil y no tuve que pagar nada. En otras universidades, sé que no es así”.
Este tipo de mejoras operativas también contribuyen a fortalecer la relación entre las instituciones y sus comunidades. La posibilidad de resolver necesidades urgentes sin depender de horarios de oficina, filas o gestiones intermedias transmite confianza y demuestra un compromiso real con los derechos de estudiantes y egresados.
Mirando hacia adelante, la implementación de tecnologías que simplifiquen procesos será clave para avanzar hacia una educación más accesible, moderna y centrada en las personas. Iniciativas como estas no solo cumplen con la ley: ayudan a construir instituciones más cercanas, eficientes y sostenibles.