Los hechos de violencia escolar, especialmente aquellos considerados graves como: agresiones físicas, amenazas, uso de armas, hostigamientos reiterados o violencia sexual representan un desafío urgente para las comunidades educativas. No sólo afectan directamente a quienes participan en el conflicto, sino que impactan al conjunto del entorno escolar, generando temor y desestabilización emocional en estudiantes, docentes y familias.
Frente a estas situaciones, Camila Ovalle, psicóloga clínica – educacional y co-fundadora de bow.care, señala que “es fundamental que los establecimientos cuenten con protocolos claros y conocidos por toda la comunidad escolar, que les permitan actuar con celeridad y en coherencia con los marcos normativos vigentes. No basta con reaccionar: es necesario prevenir, contener, intervenir y reparar”.
Según orientaciones del Ministerio de Educación de Chile, la Superintendencia de Educación y organismos internacionales como UNESCO, los colegios tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros, inclusivos y protectores para todos sus estudiantes. “Esto implica no solo actuar ante un episodio de violencia, sino también generar una cultura de respeto, buen trato y resolución pacífica de conflictos. La prevención y el abordaje de la violencia escolar es una responsabilidad colectiva, que compromete a toda la comunidad escolar, además de las familias de los estudiantes”, explica Ovalle.
Es por esto que bow.care, plataforma diseñada para la detección temprana de riesgos psicosociales en estudiantes, entrega una serie de recomendaciones prácticas para actuar ante un hecho de violencia grave, con foco en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la contención emocional y la mejora continua de la convivencia escolar.
1-Activación inmediata del protocolo escolar: Actuar de inmediato, mediante el protocolo institucional establecido, ante cualquier incidente que comprometa la seguridad física o emocional de estudiantes. Identificar y notificar a los responsables del protocolo (conserjería, convivencia, dirección) para activar los procedimientos adecuados. Aquí debe, además, informarse a las familias de forma rápida, manteniendo la prudencia y utilizando los canales institucionales, ya sea correo o telefónica.
2-Asegurar el resguardo de los involucrados: Garantizar un entorno seguro separando a quienes participan en el conflicto, con el objetivo de evitar juicios previos. Es fundamental proteger la confidencialidad de la información y documentación relacionada.
3- Apoyo psicoemocional y educativo: Implementar el acompañamiento formativo, promover la reflexión sobre el acto violento, sus efectos y aprender alternativas pacíficas de resolución. Junto con esto, ofrecer espacios de contención emocional para afectados e involucrados, con apoyo del equipo psicoeducativo.
4-Derivaciones y medidas de protección: Según la gravedad del caso, derivar a especialistas o servicios externos (salud mental, centros de apoyo) para seguimiento o tratamiento. Al mismo tiempo, registrar las acciones realizadas y hacer seguimiento al caso para evaluar y mitigar riesgos futuros.
5-Formación continua y prevención: Capacitar regularmente a docentes y asistentes en reconocimiento de violencia escolar y protocolo de respuesta. Promover campañas informativas con estudiantes y familias sobre prevención, denuncia y convivencia respetuosa, y fomentar una cultura de buena convivencia, donde prevalezca el trato digno y los conflictos se resuelven dialogando.
Finalmente, Camila Ovalle enfatiza en que los colegios deben ser espacios acogedores, inclusivos y seguros, donde el aprendizaje se cultive en condiciones de respeto y bienestar.
Equipo Prensa
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