Mientras planteles privados advierten que montos fijados para 2026 no cubrirían sus gastos operativos, la metodología de cálculo beneficia a otras instituciones que adicionalmente reciben fondos basales del Estado.
SANTIAGO, 16 DE ABRIL DE 2025.- Una seria advertencia sobre el impacto financiero para las instituciones de educación adscritas a la Gratuidad realizó este martes la Corporación de Universidades Privadas (CUP) durante una reunión clave con la Comisión de Expertos para la Regulación de los Aranceles (CERA), organismo dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.
Basándose en un robusto informe técnico, los representantes de la CUP mostraron que la metodología actual para el cálculo de los aranceles regulados, especialmente la propuesta para 2026, no logra cubrir los costos básicos necesarios para impartir las carreras en sus instituciones.
Acudieron a la cita en representación de la CUP su presidente y rector de la U. Central, Santiago González; el rector de la U. Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas; la rectora de la U. Santo Tomás, Claudia Peirano; la rectora de la U. de Las Américas, Pilar Romaguera; el vicerrector de Administración y Finanzas de la UST, Eduardo Iturrate; el vicerrector de Administración y Finanzas de la U. Autónoma, Juan Pablo Laporte; y la directora ejecutiva de la CUP, Paulina Hidalgo.
Déficit estructural
El análisis presentado por la CUP ante el CERA evidencia que, si bien en el promedio del sistema universitario los aranceles regulados podrían cubrir los costos estimados (101,8%), la realidad para las universidades privadas es muy distinta: la cobertura alcanzaría apenas un 92,9%. Este déficit estructural se traduciría en un perjuicio estimado de al menos $25.643 millones anuales para las universidades de la CUP que participan en la política de Gratuidad.
La magnitud del problema financiero derivado de esta regulación impacta directamente en su capacidad para mantener y mejorar la calidad de sus programas, invertir en investigación y desarrollar iniciativas de vinculación con el medio.
Un aspecto central del análisis de la CUP ante el CERA es cómo la metodología de cálculo de aranceles regulados genera efectos financieros muy diversos entre las distintas instituciones acreditadas del sistema de educación superior. Resulta fundamental considerar que las universidades privadas agrupadas en la CUP forman a un número considerable de estudiantes que dependen de la Gratuidad para acceder y permanecer en la educación superior, proviniendo mayoritariamente de los segmentos socioeconómicos de menores ingresos del país. En este contexto, una aplicación de la metodología que derive en una insuficiencia de recursos para estas instituciones podría comprometer directamente la calidad, la disponibilidad de recursos pedagógicos y las oportunidades formativas ofrecidas precisamente a este grupo de estudiantes.
En este contexto, la Corporación de Universidades Privadas enfatizó que esta situación resulta «paradójica y abiertamente injusta», especialmente al considerar que otras instituciones del sistema reciben, adicionalmente, aportes fiscales directos (fondos basales) por parte del Estado, un financiamiento estructural al que las universidades privadas de la CUP no tienen acceso.
“Hemos presentado a la CERA evidencia sólida que demuestra la insuficiencia de los aranceles regulados para las universidades privadas adscritas a Gratuidad. Este déficit estructural, que calculamos en más de 25 mil millones de pesos anuales para nuestras instituciones, no solo es injusto frente a otros planteles que cuentan con aportes basales adicionales, sino que amenaza directamente la sostenibilidad y la calidad de la formación que entregamos a miles de estudiantes. Es imperativo que se revise esta metodología antes de que el daño al sistema sea irreparable”, precisó el presidente de la CUP Santiago González, rector de la U. Central.
La Corporación de Universidades Privadas instó a la CERA a revisar profundamente la metodología de cálculo, advirtiendo que la aplicación de estos aranceles al 60% restante de la matrícula universitaria en Gratuidad bajo las condiciones actuales no es prudente y podría generar efectos negativos muy grandes y difíciles de anticipar en el sistema de educación superior.