Las empresas que operan en territorios, como minería, energía, infraestructura o forestal, siempre han convivido con variables que no eligieron. Por ejemplo, condiciones meteorológicas que cambian de un minuto a otro, la percepción de una comunidad que se tensiona antes de que nadie la vea venir. Esa información siempre ha existido, el problema es que se hacía lectura incompleta que hoy la tecnología permite optimizar.
Durante décadas, el modo estándar de gestión territorial fue reactivo y fragmentado. Los datos vivían en planillas Excel y los reportes llegaban semanas después de que ocurrieran los eventos. Las decisiones estratégicas se tomaban con información parcial o simplemente con pura intuición.
Un caso muy concreto es un evento que ocurrió en 2019 en el municipio de Brumadinho, al sureste de Brasil, cuando un dique minero con aguas residuales de la mina Córrego de Feijão se derrumbó y derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico sobre la región. La rotura de la presa fue un desastre ambiental que provocó muertes, arrasó comunidades enteras y contaminó el río más cercano. Lo peor vino después, cuando las investigaciones demostraron que el tranque había experimentado deformaciones del suelo en los dos meses previos al colapso y residentes de la zona reportaron indicios de filtración una semana antes. Las señales estaban ahí y los datos existían, pero nadie los analizó a tiempo para evitar lo ocurrido.
Con el tiempo, Brumadinho se convirtió en un fracaso de gestión de datos, o más bien, en una muestra de la incapacidad de integrar señales dispersas en tiempo real y convertirlas en una decisión oportuna.
En Chile, la realidad no es tan distinta. Las empresas con operaciones en zonas mineras, costeras o rurales generan enormes volúmenes de información territorial. Pero esa información no se integra y el resultado suele ser el mismo: las inversiones sociales se destinan a apagar incendios en lugar de prevenirlos, y los directorios toman decisiones con información parcial. El desafío no es la falta de datos, es un problema de arquitectura de la información.
El estándar que deberíamos implementar viene impulsado por exigencias ESG, regulaciones más estrictas y una ciudadanía más informada que no admite la gestión reactiva. Exige monitoreo continuo, anticipación de escenarios y capacidad de demostrar el impacto real de la inversión social y ambiental.
Hoy, la tecnología permite dar ese salto. La integración de datos territoriales en tiempo real es una capacidad disponible que requiere un cambio en la forma de liderar: pasar de reaccionar a anticipar, de gestionar crisis a prevenirlas, de operar en silencio a entender el entorno en profundidad.
Porque al final, tener una enciclopedia de datos no sirve mucho si no se sabe cómo leerla a tiempo. Y en territorios donde cada decisión tiene impacto social, ambiental y reputacional, esa capacidad marca la diferencia entre construir confianza o perderla para siempre.
Equipo Prensa
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